Reynaldo Mota Molina
Hemos
comentado en anteriores entregas de este espacio el criminal servilismo del
gobierno mexicano a los intereses extranjeros económicos y políticos con el fin
de mantenerse en el poder sostenido por éstos –con todo lo que ello implica– , por
sobre los intereses de la nación y del pueblo mexicano cuya situación se
empobrece más cada día, por mencionar lo menos.
El
campo, recurso fundamental y valiosísimo para la producción de alimentos en la
mayor parte del territorio nacional, desde hace por lo menos tres décadas con
el pretexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN),
ha sido paulatinamente entregado a consorcios internacionales para su
explotación y enriquecimiento desplazando a los productores nacionales
aumentando su empobrecimiento. Caso evidente, patético e indignante, como
ejemplo, es una gran extensión sobre la carretera 100 a la altura del municipio
de Colón en el estado de Querétaro, a cuyos productores extranjeros se ha dado
toda clase de facilidades para el usufructo agrícola de tecnología avanzada,
mientras a los campesinos locales les fue negada la asistencia técnica y
recursos hasta que, de alguna manera, fueron despojados de sus fértiles
terrenos. Hoy, a lo más, algunos de ellos o sus descendientes trabajan como
peones en dichas instalaciones.
Casos
como este provocan el desapego del agricultor por la tierra e incentivan la emigración
hacia Estados Unidos principalmente, ya que aquí no encuentran opciones de
sobrevivencia. Tan solo en los últimos diez años se han “perdido” cerca de
cinco millones de hectáreas de cultivo en el país y alrededor de dos millones
de campesinos han emigrado hacia el país del norte.
“El
sistema agroalimentario se está despoblando –dicen algunos entrevistados por el
técnico forestal Raúl Torres Lugo (Tierra Fértil Núm. 82. Septiembre 2015)–. Corre
el grave riesgo de perder una generación productiva. El relevo del conocimiento
transmitido de generación en generación por décadas se esfuma, y con ello
pierde la nación mexicana la seguridad y soberanía alimentaria. El promedio de
edad de sus principales actores es de 55 años y una juventud que no ve viable
como fuente de vida la actividad agropecuaria”.
Tres
causas principales fomentan la migración y tienen sumido en la miseria a la
mayor parte del campo nacional. Una: El gobierno mexicano planeó desde hace
años, echar del campo a la mayoría de productores pequeños. Dos: El campesino
se va de su tierra porque se quedó sin patrimonio al aceptar políticas públicas
contraproducentes para el sector agroalimentario, que a fin de cuentas,
llevaron al desmantelamiento del campo. Tres: Aunada a las anteriores, la
gravedad de la inseguridad.
A lo
largo de treinta años, según Rubén Vázquez de la Rosa, presidente de la
Federación Nacional de Productores de Granos Básicos, los gobernantes han
arruinado la estructura de un campo próspero y, apoyados en la firma de
tratados comerciales, ahora provocan hambre al campesino en México y desarraigo
de su único patrimonio: la tierra. “Este es un plan conformado y aceptado por
funcionarios de esta y otras administraciones federales desde hace tiempo”.
El
gobierno simula a diario apoyar al campo con muchos recursos, cuando en
realidad, sólo algunos pocos productores son a quienes hace ricos. Por ejemplo,
los créditos de 230 mil pesos que eran, según esta administración, para el
pequeño productor en Guanajuato, de alrededor de 400 solicitudes sólo la
recibieron 50 campesinos a lo sumo.
Corrupción
criminal: Cumplido (PRI).
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