“NADIE SABE, NADIE SUPO…”

Reynaldo Mota Molina

El PRI está desplegando un spot con declaraciones de un funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en que afirma que el sistema electoral de México es el más robusto de América Latina. En el mismo, un catedrático de una universidad de Washington asegura que el sistema electoral de México es más justo, profesional, apartidista e independiente, que el sistema de Estados Unidos… Lo que no dice, es que ese sistema —que en el papel puede ser bueno— está absolutamente corrompido por el propio PRI y que por esa sinrazón volverá a Los Pinos, por lo que las declaraciones de esos personajes miopes o pagados, resultan falsas. Lo grave es que ese spot a fuerza de repetirlo miles de veces por todos los medios terminará por “convencer” a los mexicanos indolentes.

Otro asunto es el caso de “El secreto de Televisa”. Si bien sabemos en qué terminará —“nadie sabe, nadie supo la verdad en el extraño caso…”— no podemos soslayar cómo el poderoso emporio de Emilio Azcárraga Jean compra conciencias, presuntamente, desde el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, hasta la procuradora General de la República, Marisela Morales, para asegurar, cada uno por su parte, que Televisa es ajena tanto de las 6 camionetas incautadas —con logotipos de la empresa— y con 9.2 millones de dólares con partículas de cocaína, como de los 18 detenidos que las tripulaban, basados únicamente en la información que les proporcionó la propia Televisa deslindándose del hecho.

El embajador Labardini presentó su declaración ministerial como prueba documental, sin ningún sustento jurídico, a la Fiscalía de Nicaragua. Y la procuradora Morales, ante un medio radiofónico de Televisa con Joaquín López Dóriga, basada en la misma información, sin averiguación sustentada de por medio.

Estamos hablando, en el caso del embajador, de las relaciones diplomáticas internacionales de México y todo cuanto ello implica… y en el caso de Marisela Morales, de la procuradora general de la República y todo cuanto ello significa…

Pero la procuradora fue más allá al afirmar sin más elementos —dicho por ella misma— que “al parecer” los Zetas tienen infiltrada a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi), en los módulos donde se elaboró con supuesta acreditación falsa la documentación de tránsito vehicular de las camionetas en cuestión. La procuradora general haciendo afirmaciones temerarias basada en supuestos para favorecer a Televisa… Igual que el Instituto Nacional de Migración (INM) que se niega a proporcionar cualquier tipo de información sobre los detenidos.

Por si alguien todavía la dudaba, esto demuestra quién manda en México.

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¿CLAUDICACIÓN?

Reynaldo Mota Molina

Hasta cierto punto es comprensible la decisión de Andrés Manuel López Obrador de arriar banderas después de dos fraudes electorales consecutivos en su perjuicio —2006 y 2012— en los que, supuestamente, él fue el triunfador para asumir la presidencia de México. El primero caracterizado por la guerra sucia en su contra protagonizada desde la presidencia de Vicente Fox y los poderes fácticos que gobiernan el país, refrendado por las autoridades electorales antes, durante y después del proceso electoral, teniendo aún así, un pequeño margen oficial de diferencia: 0.56 por ciento de la votación, pese al movimiento social de protesta encabezado por el propio López Obrador. Sin los elementos fraudulentos el resultado seguramente habría favorecido a AMLO.

Esto dio origen a que gobierno y autoridades reformaran las leyes electorales en 2007 dizque para prevenir posibles fraudes en el futuro y los comicios tuvieran cierto grado de credibilidad.

El segundo caracterizado por la sofisticada creación mediática de Enrique Peña Nieto por Grupo Televisa tratando de evitar las evidencias; el descarado rebase de gastos de tope de campaña, la enmarañada triangulación de recursos, el presunto lavado de dinero del narcotráfico, la utilización de encuestas como propaganda, la millonaria compra de votos en efectivo y monederos electrónicos, entre otros delitos electorales, protagonizado desde la “presidencia” de Felipe Calderón y los poderes fácticos que gobiernan el país, refrendado por las autoridades electorales antes, durante y después del proceso electoral, con el resultado de 19 millones de votos para Peña Nieto contra 15 de López Obrador, pese a la promovida invalidación de la elección presidencial por el Movimiento Progresista, integrado por los partidos de izquierda que postularon a López Obrador y que el Tribunal Electoral desechó renunciando a su calidad de tribunal de plena jurisdicción, para proclamar a Peña Nieto presidente electo. Sin los elementos fraudulentos el resultado seguramente habría favorecido a López Obrador nuevamente.

Esto dio lugar a la sorpresiva separación de AMLO de los partidos que integraron el Movimiento Progresista: PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que significa —para muchos— la claudicación del líder de las izquierdas que logró aglutinar una gran fuerza política y social más allá de los propios partidos y de crear una expectativa de credibilidad y desarrollo del país basado precisamente en la ciudadanía y, de repente, la situación cambia: es incierta y desconcertante, pero lo más grave, implica un desperdicio de la fuerza política acumulada que se rompe en el momento justo de ser el contrapeso del “nuevo” gobierno priista y de convertirse en el fiel de la balanza del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Peña Nieto, al mismo tiempo de la posibilidad de consolidar para futuros planes la fuerza política del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que impulsó el propio López Obrador, pero que inesperadamente se convierte en un embrollo organizacional.

Por ahora sería una torpeza mayor convertir este movimiento en partido político porque perdería la credibilidad adquirida, la fuerza social, y pasaría a ser una escisión más del PRD, para perderse en el mar de corrupción de todos los partidos políticos.

 

¿A quién beneficia la separación? En primer lugar al propio Peña Nieto y al PRI que se quitan la monserga del seguimiento puntual de sus acciones ante una vigilancia pesada. ¿Será “concertacesión”…? Como que nos negamos a creerlo.

Y por supuesto al PRD, en el que los Chuchos pueden seguir vendiéndose al mejor postor —PRI y compañía— más libremente, como ya inmediatamente lo mostraron.

Lo cierto es que la izquierda, por ahora la única posibilidad de un cambio real de la situación que agobia a México se rompió y quedó en veremos…

¡Qué pena!

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¿QUIÉN JUZGA AL JUZGADOR?

Reynaldo Mota Molina

Que “Palo dado ni Dios lo quita”; que “No hay peor ciego que el que no quiere ver”; que “Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”… Sabios refranes populares que son envoltura de la reprobable actuación de los siete magistrados electorales que validaron la elección presidencial del 1 de julio a favor de Enrique Peña Nieto a pesar del gran número de irregularidades graves que sustentaban la exigencia de invalidación presentada por el Movimiento Progresista liderado por Andrés Manuel López Obrador.

Pues sí, la camarilla de magistrados tenía prisa —hora y media le bastó el 31 de agosto— en resolver la “validez” de la elección presidencial y en declarar a Peña Nieto presidente electo, renunciando a la obligación de investigar exhaustivamente los cargos presentados por dicho Movimiento sobre la compra masiva de votos, la triangulación de recursos provenientes de fuentes extrañas, la promoción mediática a través de Televisa, la utilización de encuestas como propaganda y el rebase del tope de gastos de campaña. Aprovechando el desfase de tiempos poselectorales —fríamente calculados— el Trife entregó a Peña Nieto la constancia de mayoría precisamente el día anterior a la entrega del último informe de gobierno de Felipe Calderón. El palo estaba dado…

Investido como tribunal supremo en materia electoral con la reforma de 2007, el Trife debió asumir su función de plena jurisdicción: “Ser tribunal de plena jurisdicción implica que para asumir su función de arbitraje lo orientan los indicios que le presenten las partes, pero de ninguna manera la carga de la prueba se le da a los contendientes, que no están obligados a ofrecer las pruebas sino sólo los indicios”, según lo define el artículo 99 de la Constitución mexicana, sin embargo, en pleno desacato el Trife se escudó para su resolución en que “el Movimiento no probó lo que argumentó; los hechos, sus reclamos, no los probó”.

Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho constitucional y exconsejero del IFE abunda al respecto: “El tribunal no debía pedirnos que nosotros probáramos muchos de los reclamos que hacíamos porque no podemos acceder a la información financiera, pues existe el secreto bancario, ni tampoco solicitar información sobre empresas, ya que está la reserva fiscal, y mucho menos podíamos decirle al Ministerio Público que nos entregara las averiguaciones previas de las denuncias, pues es información bajo reserva”. Es decir, que los únicos que podían haberse allegado esa información —porque están facultados para ello— eran los propios ministros y consejeros electorales, Y NO LO HICIERON. No hay peor ciego…

En su resolución unánime los magistrados candorosamente establecieron que los casos de las tarjetas Monex y Soriana fueron “emblemáticos” de la impugnación y “no se pudo demostrar que hayan sido utilizados para la compra y coacción del voto”; más bien, el PRI “estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios mediante las referidas tarjetas para ser utilizadas por las personas que el partido indicara” —o cualquier cosa que este rollo signifique—, y que no hubo un sistema financiero paralelo.    

Debido a su pésima actuación los siete magistrados electorales han sido calificados por expertos analíticos como torpes, remedos de jueces, juzgadores de barandilla, enanos que actuaron como jueces de paz pero cobran como magistrados de la Corte; pero la voz popular los ubica como corruptos, serviles e indignos de la autoridad que ostentan,  sometidos a los poderes fácticos que sentarán sus reales otra vez en Los Pinos, gracias a su traición a los principios democráticos que establece la Constitución en materia electoral. Para que la cuña apriete…

Ya se plantea la posibilidad de demandar juicio político en contra de todos ellos por abdicar a sus obligaciones, y disolver el Tribunal Electoral como parte de una transformación indispensable del sistema electoral que no está a la altura de las circunstancias que requiere México.

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LAS MANOS LIMPIAS

Reynaldo Mota Molina

Conforme a la moda impuesta por Vicente Fox para sacarle la vuelta al mandato constitucional y no dar la cara al presentar el último informe de gobierno, ni siquiera al Congreso, no por pudor o vergüenza, sino por miedo a la vacuidad irracional, Felipe Calderón Hinojosa mandó al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, cargado con dos cajas conteniendo el texto del afortunadamente último “informe” a entregarlo a la Cámara de Diputados, que fue recibido por el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Murillo Karam, y por su compinche Ernesto Cordero, ahora habilitado como presidente del Senado de la República, en medio de sonrisas y efusivos apapachos.

En este ambiente relax y frente a las cámaras favoritas —las de televisión—, rodeado de la aplaudidora plana mayor del gobierno federal incapaz de realizar el menor cuestionamiento en el Palacio Nacional, Felipe Calderón dirigió un mensaje a la nación tres días después.

Dice que fundamentó su gobierno en cinco ejes de política pública: Seguridad Pública y Estado de Derecho; Economía Competitiva generadora de empleos e igualdad de oportunidades; Desarrollo Sustentable; Democracia efectiva y Política Exterior responsable.

Empezando por la seguridad pública, exculpó a su gobierno de toda responsabilidad del incremento de la delincuencia, la violencia y el narcotráfico, repartiendo culpas a todo el mundo menos a él, por supuesto, y enalteció la eficacia del Ejército, la Armada y la Policía Federal, por lo que recibió sonoros aplausos de los incondicionales. Dijo que con la Ley de Víctimas —que él mismo vetó— se protegerá y resarcirán los daños. Dijo también que “los criminales han hecho un daño incalculable a México…”. ¿Sólo ellos?

En la misma tónica abordó los demás ejes ignorando que la ciudadanía entera es testigo de lo contradictorio de sus “logros”: ¿“Economía competitiva” privilegiando el monopolio de Televisa en las Telecomunicaciones?; ¿“Generadora de empleos” con cifras mínimas manipuladas, el crecimiento de la economía informal y del número de pobres por falta de empleo?; ¿“Desarrollo sustentable” con la debacle del campo que obliga a importar maíz —el producto nacional—, frijol y demás semillas básicas?; ¿“Democracia efectiva” solapando el fraude electoral del PRI encubierto por el Trife?; ¿“Política Exterior responsable” entregando la soberanía del país a Estados Unidos, el petróleo y otros energéticos, así como la minería y la economía a manos extranjeras?

Es el fracaso rotundo en los cinco ejes y en los demás, que tienen descarrilado al país y en la ignominia de la impunidad y la desigualdad. Lo atestiguan más de 70 mil muertos, más de 60 millones de pobres, y todavía tiene el descaro de decir que los mexicanos tienen mejores condiciones de vida y la democracia más fuerte que hace 6 años.

No, no merece aplauso alguno sino sonora trompetilla…

No se va con las manos limpias.

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LUTO NACIONAL

Reynaldo Mota Molina

Como colofón de la controvertida etapa poselectoral del 1 de julio Enrique Peña Nieto recibe la constancia de mayoría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) le otorga por manos del magistrado presidente Alejandro Luna Ramos ante el dictamen unánime que la Sala Superior determinó a su favor, declarando la validez del proceso electoral y de presidente electo de la República mexicana para el periodo diciembre 2012-noviembre 2018, cuya postulación presentó la coalición Compromiso por México integrada por el PRI y el PVEM.

De esta forma el máximo tribunal electoral desechó más de 10 mil pruebas aportadas por el Movimiento Progresista para invalidar la elección presidencial: “Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos planteada por la coalición Movimiento Progresista”, declaró el magistrado presidente Luna Ramos, al término de la votación y las ponencias respectivas.

Es decir que las pruebas presentadas de propaganda encubierta del Grupo Televisa a favor de Peña Nieto desde 2005 y durante la campaña 2012, constitutivas de fraude a la ley electoral, fueron desechadas por el tribunal que no realizó la investigación exhaustiva que tenía obligación de cumplir.

Así mismo la enmarañada triangulación de recursos entre empresas privadas y empresas membrete, entre las que destacan Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, Grupo Comercial Inizzio, Operadora y Comercializadora Efra; bancos, grupos financieros como Monex, BBVA Bancomer, Banamex, Scotiabank; Wal Mart, lavado de dinero, empresas Soriana, y la millonaria compra de votos a través de tarjetas-monedero electrónico, entre otras graves irregularidades, que también fueron ignoradas por la autoridad electoral, y qué decir de las denuncias ciudadanas.

El Trife desestimó todos y cada uno de los elementos presentados, desde el caso del empresario  méxico-estadounidense José Aquino que demandó al equipo de Peña Nieto por presunto fraude por 56 millones de dólares a su empresa Frontera Television Network, hasta el escandaloso rebase del tope de gastos de campaña. Todos somos testigos del gran fraude cometido por el PRI para imponer sus intereses a través de Enrique Peña Nieto.

Pero para el Trife todo está bien: “La invalidez de una elección no puede basarse en argumentos carentes de prueba idónea, en simples inferencias o manifestaciones, pues de ser así se atentaría contra las reglas y principios del sistema democrático de derecho. Por lo anterior, considero que la certeza histórica de la elección presidencial del 1 de julio del 2012, es que los ciudadanos mexicanos ejercieron su sufragio con libertad y sin coacción alguna y que prevalecieron los principios de equidad, legalidad e imparcialidad en el desarrollo del proceso electoral” declaró concluyente Pedro Esteban Penagos, magistrado del Trife.

Con este fallo el tribunal electoral legaliza el fraude, la ilegalidad, el lavado de dinero y la impunidad, siempre que se trate de la élite que conforma la punta de la pirámide en la que todos son socios. Lo demás, que se lo lleve el diablo, ignorantes de que se encuentran en el mismo barco…

El asunto no está terminado. El Trife está provocando que la inconformidad de millones de mexicanos se torne en rebeldía y las consecuencias son imprevisibles.

No por nada Peña Nieto acudió en helicóptero a recibir la “constancia de mayoría” eludiendo las manifestaciones en su contra.

Hay luto nacional por la verdad y la justicia. ¡Qué lamentable!