IMPUNIDAD

Reynaldo Mota Molina

Las agresiones a periodistas continúan con la misma frecuencia e impunidad de siempre pese a la tan cacareada Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo decreto firmó en junio pasado Felipe Calderón Hinojosa para su incorporación a la Constitución Política mexicana. “A todos ustedes, mexicanas y mexicanos valientes que ejercen el periodismo y la defensoría de los derechos humanos, quiero decirles que no están solos —dijo Calderón durante el acto—. Tengo la convicción y la voluntad de seguir trabajando hasta el último día de mi gobierno para llevar ante la justicia a quienes pretendan, mediante la agresión, la intimidación o la violencia, cancelar las libertades ciudadanas. El Gobierno Federal ha estado y estará a su lado para protegerles a ustedes y a toda la ciudadanía”.

Sin embargo, dos semanas después, la periodista Sanjuana Martínez Montemayor, del periódico La Jornada, fue detenida y encarcelada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por policías encapuchados y armas largas que penetraron con violencia a su domicilio a punto de romper la puerta, comandados por la jueza Luz María Guerrero Delgado, titular del juzgado 15 oral en materia familiar, a quien Sanjuana denunció el día anterior por corrupción ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León. La rápida intervención de los medios —no alineados— a nivel nacional, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares y amigos, lograron su liberación al día siguiente.

Lydia Cacho, periodista y escritora que denunció la red de explotación sexual infantil en su libro “Los Demonios del Edén”, en que descubrió la participación de Mario Marín, el “gober precioso” de Puebla y Camel Nacif, el rey de la mezclilla, y de otros personajes involucrados en la pornografía infantil, y “Esclavas del Poder” en el que descubre la red internacional de trata sexual de mujeres y niñas, que involucra también a políticos y gente del poder económico, se ha visto obligada a emigrar del país debido a las fuertes amenazas de muerte recibidas a pesar de contar a medias con un sistema de seguridad al que sólo es posible acceder mediante códigos especiales controlados por el Ejército y la Marina.

En su cuenta de Twitter Lydia escribió el sábado pasado que se trata de una “medida de seguridad” advirtiendo: “nadie me sacará de mi hogar”.

Las agresiones a periodistas se resumen en una sola palabra: IMPUNIDAD.