CORTINA DE HUMO

Reynaldo Mota Molina

Por si algo hacía falta en esta mescolanza financiera PRI-Monex y sus tarjetas de monedero electrónico y demás asuntos con dinero proveniente de fuentes no claras, más bien muy obscuras, en las que aparecen ahora empresas fantasmas como Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V, y Comercializadora Efra, involucradas —en tanto no se aclare debidamente la situación de cada una por las autoridades competentes— en contubernios político-empresariales, así como el “Soriana-gate”, que implica a gobernadores priistas con dinero público, para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República mediante los comicios del 1 de julio.

Por estas y otras razones se encuentran en investigación: Grupo Financiero Monex, Banca Mifel, Efra, Inizzio, Jiramos y una nueva empresa cuyo nombre no se ha dado a conocer por estar protegida por el secreto bancario. La nueva empresa estaría involucrada con una cuenta contratada en abril pasado, al arranque del proceso electoral.

Los asuntos en cuestión son tan relevantes que presuntamente configuran delitos electorales suficientes para invalidar la elección presidencial como lo han planteado oportunamente la coalición Movimiento Progresista —PRD, PT, Movimiento Ciudadano— y el PAN, cuyo estudio y dictamen se encuentra en manos del Trife.

Ahora surge “casualmente” otro escándalo con el banco HSBC por lavado de dinero del narcotráfico. Entrecomillamos el casualmente, porque ¿quién puede asegurar, quién tiene la autoridad moral en este país nuestro, para decir que no se trata de una cortina de humo para distraer la atención pública de la escandalosa compra de votos, el multimillonario rebase del tope de campaña y demás elementos que viciaron la autenticidad y legitimidad de la elección presidencial? Y que con HSBC no pasará nada en México porque el lavado de dinero proviene desde que era Banca Bital, con pleno conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o sea, del gobierno federal.

La institucionalidad del país se encuentra frente a una responsabilidad histórica delicadísima que depende en estos momentos de la decisión del Trife: Opta por el esclarecimiento absoluto de los hechos denunciados con todo lo que esto implique, hasta sus últimas consecuencias, o por el encubrimiento de un fraude electoral que no sólo afectaría profundamente el sistema político nacional y la credibilidad de las propias instituciones sino que provocaría una reacción social de pronóstico reservado.

Por su parte, el Congreso de la Unión aprobó —también “casualmente”— la reforma que incluye la modificación de 14 artículos de la Constitución mexicana en que se posibilita que, en caso de conflicto o de crisis, el presidente electo rinda la protesta constitucional de rigor ante los titulares de las mesas directivas de las dos cámaras del Congreso o ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es decir, que dicho acto protocolario no necesariamente tendrá que realizarse en el recinto del Congreso de la Unión, el Palacio Legislativo de San Lázaro —como ha sido formalmente en los últimos tiempos—, sino en cualquier salón privado de un hotel o de un restaurante o bien, en el domicilio del ministro, o en cualquier otro lugar, o ninguno; basta con llenar las actas, firmarlas tranquilamente, y dar por satisfecha la ceremonia. 

¿Esto significa que todo está previsto para que Peña Nieto asuma la presidencia de la República mexicana a pesar de todos los pesares y a como dé lugar? ¿Se trata de proteger a Peña Nieto para que no pase otro espectáculo lastimoso como Felipe Calderón en 2006?

¿Es la confirmación de que todo el proceso electoral no es más que una farsa y simulación “democrática” para quedar bien ante el mundo? —Porque aquí NO— ¿Qué va a pasar con el rechazo de millones de mexicanos a la imposición autoritaria de Peña Nieto?

Está demostrado que la opinión ciudadana no cuenta para los políticos. Que los partidos lo único que representan son intereses particulares y de grupo. Que temas medulares de la población quedaron fuera de la reforma política, tales como la revocación de mandato, la segunda vuelta de la elección presidencial, la reelección de alcaldes, entre otros. Que el “sufragio efectivo” fue substituido por el “sufragio en efectivo”.