DE PODER A PODER

Reynaldo Mota Molina

La enorme presión que está ejerciendo gran sector de la sociedad dentro y fuera de la República mexicana, con indudable repercusión internacional, así como la que realiza el Movimiento Progresista —PRD, PT, Movimiento Ciudadano— contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México, y la exigencia de invalidación de la elección presidencial debido al fraude electoral cometido por el PRI, según los elementos presentados por dicho movimiento al IFE y al TRIFE más lo que se sigue acumulando, evidentemente preocupan al tricolor que da muestras de desesperación  arremetiendo contra López Obrador y sus órganos de financiamiento, tratando de ganar tiempo y distraer la atención pública.

Las maniobras fraudulentas del PRI a través de la financiera Monex cada vez adquieren matices más oscuros por el presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico que involucra una compleja red de prestanombres, personas físicas o morales, que tienen qué ver con el entramado priista para comprar votos en la elección pasada.

El IFE y el TRIFE también se muestran nerviosos; comprometidos hasta el tuétano con el PRI y con el gobierno calderonista, saben que tienen una papa caliente en las manos y no ven cómo salirse de ella pues tienen la obligación de resolver el entuerto, sin embargo, indican la salida por la tangente a la que comienzan a unirse voces de algunos analistas poco comprometidos con la sociedad, o nada, que sienten ya la necesidad de conservar sus modus operandi.

En la información sobre el avance de las investigaciones relativas a las denuncias del Movimiento Progresista y del PAN, por una parte, y por la otra, las del PRI contra López Obrador, el Trife dijo solamente lo sabido:  Que los detalles de la investigación se darán a conocer una vez que se presente el proyecto de resolución, toda vez que los procedimientos de queja se clasifican como información temporalmente reservada; y que el desahogo del procedimiento de queja no está relacionado con el plazo que la ley otorga para la declaración de validez de presidente electo.

Esto y otras declaraciones aisladas de magistrados y funcionarios de las instituciones electorales en distintas etapas de la post elección señalan dicha salida: “Lo que no se ganó en las urnas no se va a ganar en la mesa”; “Las marchas no cuentan”; “El tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”; “Los resultados de las denuncias electorales se darán a conocer hasta el 31 de enero del 2013”.

Es decir, que para entonces el presidente y los demás funcionarios de elección popular ya habrán rendido protesta y por tanto gozarán de inmunidad, o de impunidad mejor dicho, y serán intocables. La aplicación de la “Ley de Herodes” en toda su magnitud. La inconformidad de los de manifestantes, según esos corifeos, no invalida el voto de más de 50 millones de electores que acudieron a las urnas, pero son omisos de que gran parte de esos votos no fue libre ni secreta como lo establece la Constitución.

 Si a lo anterior agregamos la “reforma” política hecha sobre las rodillas por el Congreso para facilitar que el presidente “electo” rinda protesta a como dé lugar, está clara la confabulación para que Enrique Peña asuma la presidencia “como haiga sido”, igual que su compinche Calderón.

El PRI y los poderes fácticos que lo acompañan, incluyendo a Televisa particularmente, que actuaron y siguen actuando para sentar en la silla a Peña Nieto y apoderarse de la presidencia, ufanos del poder que tienen, desdeñan la actitud ciudadana que repudia la imposición.

El despliegue policiaco para salvaguardar las instalaciones de Televisa frente al cerco pacífico del movimiento universitario #YoSoy132, con la protesta colectiva de que dicha empresa dio cobertura preferente a Enrique Peña Nieto beneficiándolo en la elección presidencial del 1 de julio, es una muestra más de exhibición de poder.

Hasta ahora tolerantes por razones obvias, el PRI y los poderes fácticos esperan que Peña asuma el poder para cambiar de actitud. ¿Se echarán encima de los inconformes que buscan la democracia en contra de la dictadura disfrazada…?

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EL TRIFE, RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

Reynaldo Mota Molina

Lo único que puede forzar al Trife a cumplir con su obligación de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de la elección presidencial del 1 de julio, después de las impugnaciones presentadas por el Movimiento Progresista —PRD, PT, Movimiento Ciudadano— y por el PAN, sobre la validez de dicha elección, es una enérgica —aunque pacífica— presión social.

No se trata precisamente de tomar las calles, sino de materialmente continuar inundando al tribunal electoral con denuncias, reportes y reclamos escritos que muestren la inconformidad ciudadana y exijan el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Tampoco se trata de pedirle peras al olmo —aunque lo parezca—. Por eso les pagamos un dineral y son de los magistrados mejor pagados del mundo. No tienen derecho a regatear, sólo de cumplir con su obligación, insistimos.

Las manifestaciones de repudio a la imposición de Enrique Peña Nieto por los poderes fácticos se multiplican no solamente en el país sino fuera de México en muchos países del mundo. El rechazo de un enorme sector de mexicanos es universal y es creciente. La Marcha Nacional contra la Imposición realizada el domingo 22 es muestra contundente y, por lo visto, motivo de preocupación para los priistas.

Por eso resulta estúpida la cínica expresión de Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, en el sentido de que las impugnaciones a la legalidad de la elección “ofenden la dignidad de los mexicanos que votaron en libertad”. Los priistas no conocen la vergüenza ni la dignidad; debieran ser los primeros interesados en que el Trife clarifique la elección para dar legitimidad, en caso de que así resultara, a su candidato. Pero en cambio, están urgiendo al Trife para que informe el avance de sus acusaciones sobre que la coalición lopezobradorista recibió dinero no declarado al IFE, abrió cuentas no declaradas y recibió dinero de gobiernos locales. A su vez, dicha coalición y el PAN, urgen también al Trife para que informe sobre el avance de sus reclamos por actos electorales ilícitos del PRI.    

Mientras tanto la organización ciudadana se fortalece y el Movimiento #YoSoy132 es ejemplo de ello, pese a los ataques de todo tipo de que es objeto; presentó un plan de acción para “proteger la democracia, exigir la limpieza del proceso electoral, demandar la invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición”.

Hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) a “dar certeza a la elección y contribuir así a la limpieza de los comicios, ya que la califican de limpia, equitativa y transparente, se daría un muy mal mensaje a la sociedad. La calificación del proceso electoral ya la hizo la ciudadanía y no favorece al candidato del PRI”.

Advirtió, así mismo, que si las autoridades electorales ignoran “las miles de denuncias ciudadanas (sobre presuntas irregularidades) documentadas hasta la fecha, estarían dando paso a un grave riesgo de estallido social”.

En tanto, el Trife declara que “las marchas no cuentan…”

…Y ¿entonces?

CORTINA DE HUMO

Reynaldo Mota Molina

Por si algo hacía falta en esta mescolanza financiera PRI-Monex y sus tarjetas de monedero electrónico y demás asuntos con dinero proveniente de fuentes no claras, más bien muy obscuras, en las que aparecen ahora empresas fantasmas como Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V, y Comercializadora Efra, involucradas —en tanto no se aclare debidamente la situación de cada una por las autoridades competentes— en contubernios político-empresariales, así como el “Soriana-gate”, que implica a gobernadores priistas con dinero público, para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República mediante los comicios del 1 de julio.

Por estas y otras razones se encuentran en investigación: Grupo Financiero Monex, Banca Mifel, Efra, Inizzio, Jiramos y una nueva empresa cuyo nombre no se ha dado a conocer por estar protegida por el secreto bancario. La nueva empresa estaría involucrada con una cuenta contratada en abril pasado, al arranque del proceso electoral.

Los asuntos en cuestión son tan relevantes que presuntamente configuran delitos electorales suficientes para invalidar la elección presidencial como lo han planteado oportunamente la coalición Movimiento Progresista —PRD, PT, Movimiento Ciudadano— y el PAN, cuyo estudio y dictamen se encuentra en manos del Trife.

Ahora surge “casualmente” otro escándalo con el banco HSBC por lavado de dinero del narcotráfico. Entrecomillamos el casualmente, porque ¿quién puede asegurar, quién tiene la autoridad moral en este país nuestro, para decir que no se trata de una cortina de humo para distraer la atención pública de la escandalosa compra de votos, el multimillonario rebase del tope de campaña y demás elementos que viciaron la autenticidad y legitimidad de la elección presidencial? Y que con HSBC no pasará nada en México porque el lavado de dinero proviene desde que era Banca Bital, con pleno conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o sea, del gobierno federal.

La institucionalidad del país se encuentra frente a una responsabilidad histórica delicadísima que depende en estos momentos de la decisión del Trife: Opta por el esclarecimiento absoluto de los hechos denunciados con todo lo que esto implique, hasta sus últimas consecuencias, o por el encubrimiento de un fraude electoral que no sólo afectaría profundamente el sistema político nacional y la credibilidad de las propias instituciones sino que provocaría una reacción social de pronóstico reservado.

Por su parte, el Congreso de la Unión aprobó —también “casualmente”— la reforma que incluye la modificación de 14 artículos de la Constitución mexicana en que se posibilita que, en caso de conflicto o de crisis, el presidente electo rinda la protesta constitucional de rigor ante los titulares de las mesas directivas de las dos cámaras del Congreso o ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es decir, que dicho acto protocolario no necesariamente tendrá que realizarse en el recinto del Congreso de la Unión, el Palacio Legislativo de San Lázaro —como ha sido formalmente en los últimos tiempos—, sino en cualquier salón privado de un hotel o de un restaurante o bien, en el domicilio del ministro, o en cualquier otro lugar, o ninguno; basta con llenar las actas, firmarlas tranquilamente, y dar por satisfecha la ceremonia. 

¿Esto significa que todo está previsto para que Peña Nieto asuma la presidencia de la República mexicana a pesar de todos los pesares y a como dé lugar? ¿Se trata de proteger a Peña Nieto para que no pase otro espectáculo lastimoso como Felipe Calderón en 2006?

¿Es la confirmación de que todo el proceso electoral no es más que una farsa y simulación “democrática” para quedar bien ante el mundo? —Porque aquí NO— ¿Qué va a pasar con el rechazo de millones de mexicanos a la imposición autoritaria de Peña Nieto?

Está demostrado que la opinión ciudadana no cuenta para los políticos. Que los partidos lo único que representan son intereses particulares y de grupo. Que temas medulares de la población quedaron fuera de la reforma política, tales como la revocación de mandato, la segunda vuelta de la elección presidencial, la reelección de alcaldes, entre otros. Que el “sufragio efectivo” fue substituido por el “sufragio en efectivo”.

CONDECORACIÓN LEGION DE HONOR A

El gobierno de la República Francesa otorgó la condecoración Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, a la periodista Carmen Aristegui Flores, en reconocimiento a su contribución a la “lucha por la libertad de expresión y su compromiso por la defensa de los que no suelen tener voz en los medios de comunicación, así como su labor a favor de la democracia y el Estado de Derecho de México”.

Dicha condecoración es considerada la más reconocida e importante de Francia, la cual se concede a ciudadanos franceses o extranjeros por sus méritos extraordinarios realizados en el ámbito civil o militar.

La condecoración Legión de Honor fue establecida en 1802 por Napoleón Bonaparte y entregada por primera ocasión en 1804.

En esta ocasión también le será entregada al Premio Nobel de Química mexicano, Mario Molina.

Este premio se ha otorgado anteriormente a personajes como: los escritores Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Carlos Fuentes y la creadora de Harry Potter, J. K. Rowling, entre otros.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión mexicano aprobó el miércoles 18 conceder permiso para que Carmen Aristegui pueda aceptar y usar la condecoración Orden de la Legión de Honor de la República Francesa.

Enhorabuena! Por este reconocimiento internacional —una vez más— al trabajo profesional de Carmen Aristegui. Jubilosos nos unimos al extraordinario acontecimiento del periodismo mexicano y reiteramos nuestra admiración a la singular periodista.

¿ESPIONAJE CONTRA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL?

Reynaldo Mota Molina

            ¿Qué se proponen los gobiernos PRI_AN, así, coludidos como uno sólo, porque no se puede pensar que estén actuando independientemente en circunstancias que se vinculan directamente con el período 2012-2018 y que atañen a la nación entera?

Esto viene a cuento porque el sitio Web Aristegui Noticias recibió 5 contratos suscritos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la empresa Security Tracking Devices, SA de CV., por la adquisición de equipo especial para intervenir comunicaciones y mensajes de teléfonos celulares y de Internet por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos entre marzo 2011 y marzo 2012 por asignación directa.

Los equipos adquiridos permiten la intervención de conversaciones de telefonía móvil, el acceso y extracción de mensajería instantánea (SMS), correos electrónicos y listas de contactos y fotografías. Entre los aparatos de alta tecnología también se encuentran herramientas para activar de manera remota la cámara fotográfica y el micrófono del teléfono móvil.

En uno de los contratos se destaca la adquisición de un “software capaz de realizar la extracción de mensajes de texto y multimedia, listas de contactos, registros de agenda, monitoreo de e-mail, intercepción de voz, intervención de audio ambiental, monitoreo de sala vía activación del micrófono, captura de imágenes”, entre otras funciones. En otro, la adquisición de “ocho estaciones remotas móviles de radio comunicación y sistemas de inteligencia”. En otro más, la compra de equipos para la segunda y tercera fase del sistema de inteligencia regional para incrementar las capacidades de las S2 (INTL) E.M.D.N. En este contrato se adquiere un software para intervenir los teléfonos móviles I Phone.

El equipamiento –que incluye capacitación técnica– fue entregado a la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de las labores de inteligencia de la Sedena.

Aunque ésta lo niega, es obvio el uso político de estos sistemas en el reciente proceso electoral.

¿Qué están preparando ahora los gobiernos con labores de espionaje? ¿Interferir o impedir la organización social que repudia la imposición fáctica de Enrique Peña Nieto? Aún así este fin de semana se realizó la “Convención Nacional contra la Imposición” integrada por más de 300 organizaciones sociales y dieron a conocer un plan de acción que incluye marchas, bloqueos y otras manifestaciones que se efectuarán a partir de este julio y hasta el próximo mes de diciembre.

En otra acción de complicidad política sospechosa, Felipe Calderón Hinojosa firmó repentinamente y en contra de la recomendación del Senado, el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), que viola garantías de la Constitución para los mexicanos ya que limita la universalidad del acceso a Internet, puede ahondar la brecha digital en el país y abre la posibilidad de intromisiones en la privacidad de los usuarios.

La veta de Calderón a la Ley General de Víctimas, además de la burla, ¿significa aligerar la carga a Peña Nieto?

¿Se trata del estado totalitario presente y futuro? ¿Quién se va a dejar…?

EN MANOS DEL TRIFE

Reynaldo Mota Molina

La asquerosa forma con que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha propuesto retomar el poder de la presidencia de México —coacción, compra millonaria de votos, súper rebase de gastos de campaña, y lo que resulte del presunto contubernio con Grupo Financiero Monex, que incluye dinero de procedencia “desconocida”, y de Grupo Soriana, que involucra la participación de gobernadores priistas en la compra multimillonaria de despensas con dinero del erario público, además de inequidad en los medios de comunicación, proliferación de encuestas manipuladas, el operativo Ágora de Elba Esther Gordillo, entre otros elementos—, es apenas una muestra de lo que le espera a este país si Enrique Peña Nieto es ratificado por el TRIFE como ganador de la contienda presidencial después de la impugnación del Movimiento Progresista —PRD, PT, Movimiento Ciudadano— sobre el resultado de los comicios del 1 de julio.

Independientemente del resultado de dicha impugnación, lo demostrado por el PRI es alarde de la forma corrupta de su naturaleza que lo mantuvo en el poder por más de 70 años, con la cual provocó el hartazgo de la gente en el año 2000 y que hoy, doce años después, gracias a esas mismas prácticas corruptas, modernizadas, pretende entronizarse otra vez sobre el hambre y la pobreza de esa gente que él mismo produjo en algo más de siete décadas. La gente es olvidadiza —no toda por fortuna— o definitivamente, está muriendo de hambre y por eso se conforma con un mendrugo.

Los elementos probatorios de las múltiples irregularidades mencionadas integran el recurso de nulidad solicitado por los partidos del Movimiento Progresista para invalidar la elección presidencial. El Instituto Federal Electoral (IFE) cuenta con un plazo que concluye el martes 17 para integrar el expediente respectivo y posteriormente, rendir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) el informe circunstanciado que señala la ley con base en la Constitución Política mexicana.

Los principios rectores de los procesos electorales que establece nuestra Carta Magna son: equidad, autenticidad y libertad de elección, basados en el sufragio igualitario y universal con votación secreta, que asegura la expresión libre de la voluntad de los votantes, por tanto, el TRIFE deberá apegarse al criterio de causalidad de invalidez de elecciones por violación de principios constitucionales, que ya ha aplicado en casos de elecciones municipales de Acapulco y Morelia, por ejemplo, de comprobarse irregularidades en al menos 25 por ciento de la totalidad de las casillas, conforme a lo que señala la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. O, en su defecto, en su resolución definitiva, declarar la invalidez de la elección, si en su análisis de la integralidad del proceso descubre que éste, en efecto, estuvo viciado por un conjunto de factores que comprometieron su autenticidad y la legitimidad de la elección presidencial, de acuerdo con los análisis de los especialistas en materia electoral.

Ciertamente, invalidar la elección presidencial es algo nunca visto en nuestro país, como tampoco se había visto un fraude electoral de la magnitud del cometido por el PRI. El TRIFE tiene una responsabilidad histórica, mucho más allá del sometimiento institucional y la proclividad del magistrado presidente Alejandro Luna Ramos y la magistrada María del Carmen Alanís, hacia el PRI. No bastará con una sanción económica; los magistrados serían responsables de lo que pueda suceder con la inconformidad creciente —hasta ahora pacífica pero enérgica— de millones de ciudadanos que repudian la imposición de Peña Nieto por parte del PRI y de los poderes fácticos.

En la disputa están involucrados más de 50 millones de mexicanos que acudieron a las urnas con repercusión para 112 millones de la población nacional. Como dice el analista Miguel Concha: El TRIFE “debe agotar todas las herramientas legales a su alcance para profundizar en la construcción de elementos, evidencias y criterios que sean sólidos e inobjetables no sólo para los siete magistrados, sino para todos los mexicanos. No puede limitarse a actuar como un consejo distrital más, ni siquiera como el IFE. Sus atribuciones constitucionales le permiten ir más allá en beneficio de los votantes, y sobre todo del país”. Tiene de plazo hasta el 6 de septiembre de este año.

¿QUÉ VA A PASAR?

Reynaldo Mota Molina

El fraude electoral organizado por el PRI para retomar la presidencia de México rebasa todas las expectativas  que se tuvieron hasta antes del 1 de julio; implican, por todo lo evidenciado hasta ahora, una verdadera toma del poder con agravantes criminales: premeditación, alevosía y ventaja. No hay nada qué celebrar sino al contrario, como lo dice la voz popular: “México no está de luto… ¡está encabronado!”

Y le sobra razón. La ciudadanía acudió a votar en una afluencia sin precedentes — 50 millones 323 mil 153— creyendo que participaría en unos comicios más o menos limpios cuyos resultados contribuirían a la construcción de la pretendida democracia y lo que encontró, por principio de cuentas, fue un acarreo descarado de gente para votar por el PRI que arrasó con las boletas electorales de las casillas especiales —ahora se entiende por qué “especiales”— en las que los ciudadanos en tránsito y otros, no pudieron votar; niños “halcones” que vigilaban el voto efectivo para el PRI, y muchas más irregularidades pese a los observadores y autoridades electorales.

Los escándalos previos a la elección en que estaba envuelto el PRI, como las tarjetas de débito o monedero electrónico de Banca Monex para compra de votos, además de la demanda en Estados Unidos en contra de gente de Peña Nieto por conspiración y fraude; el operativo Ágora de Elba Esther Gordillo para proporcionar a Peña Nieto 5 millones de votos, cobraron nueva dimensión al descubrirse cientos de miles de tarjetas o monederos electrónicos de la cadena de tiendas de autoservicio Soriana, que van desde 100 hasta 700 pesos, “regalados” a votantes potenciales del PRI en zonas de bajo nivel de ingresos.

El asunto le explotó en las manos al PRI el mismo día 1 de julio ante el temor de la gente de perder el “beneficio” una vez pasada la elección, desconfiando que el partido cancelara la validez de las tarjetas. Se armaron grandes tumultos en dichas tiendas por compras de pánico, quejas, denuncias y mentadas, al grado que por intervención del IFE se cerraron varias tiendas, curiosamente —sospechosamente— en donde se operó el negocio.

Documentos entregados anónimamente a Noticias MVS prueban que varios estados de la República y municipios adquirieron en Soriana despensas por un monto superior a 2 mil 294 millones 220 mil pesos —dinero público—. Hasta el viernes 6, Aristegui Noticias había obtenido documentación con un costo mayor a 6 mil millones de pesos para compra de despensas a la misma empresa.

Esto, independientemente de los testimonios documentados por el PAN de tarjetas Monex, por un monto de 70 millones de pesos para compra de votos del PRI, y de los documentos presentados por el PRD que comprueban la compra de 100 mil monederos electrónicos de Banca Monex por la cantidad de 160 millones de pesos, con el mismo fin a favor del PRI.

Vale la pena recordar que el tope de campaña electoral era de 332 millones de pesos.

Más allá del fraude electoral que todo esto implica en el proceso, que por sí mismo constituye un delito, es inhumano —para decirlo suave— traficar con el hambre y la ignorancia de la gente. ¿Por qué ésta acepta dar su voto a cambio de una dádiva miserable? ¿Por qué no valora su importancia y trascendencia ciudadana? ¿Por qué no está consciente de que, si quiere, puede transformar su vida y la de los suyos? ¿Por qué no entiende esto…?

¡Por una sencilla razón! Porque al “poder” le conviene que así sea, y por eso mantiene las alianzas y les otorga poder ilimitado a las televisoras para tener entretenida a la gente, desinformada y alienada con programaciones idiotas, manipulándola para que haga lo que el gobierno quiere, lo que al “sistema” le conviene para mantenerse en el poder a costa de la pobreza de la mayoría.

Por eso la educación es mediocre. Un pueblo ignorante no es capaz de razonar con profundidad; no desarrolla la inteligencia crítica y se convierte en masa manipulable por los sindicatos. John Ackerman, investigador de la UNAM, en un estudio señala que un alto porcentaje de votantes del PRI tiene nivel escolar de Primaria.

Algunos analistas señalan que a pesar de las graves irregularidades en la votación que favorece a Enrique Peña Nieto (PRI), no es posible revertir el resultado así se compruebe que hubo dinero del narco, pero miles, millones de ciudadanos, están inconformes con el fraude electoral y el repudio es creciente.

¿Qué va a pasar? ¿El Ife y el Trife se quedarán como si nada? ¿Reaparecerá el aparato represor como en Atenco, el “halconazo” o Tlatelolco? ¿El Trife optará por respetar la voluntad popular que no participó en el fraude?

“LOS MEXICANOS REGRESAN A SUS VIEJOS DEMONIOS”

Reynaldo Mota Molina

Es el encabezado de la nota principal del periódico francés Le Monde refiriéndose a los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del 1 de julio de nuestro país que señalan a Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como virtual triunfador de la contienda electoral.

Parece increíble que los franceses tengan mayor sensibilidad en este sentido que los propios mexicanos que optaron por entregar su voto al candidato priista a pesar de cuanto significa el retorno del viejo PRI de siempre en el futuro de la nación mexicana, que en el discurso de Peña Nieto, obligadamente dice que “que no hay vuelta al pasado”.

Sin embargo, la evidencia de las viejas prácticas truculentas desarrolladas durante setenta y tantos años combinadas con las nuevas tecnologías para obtener los votos necesarios a cualquier precio y sobre todo tipo de condiciones, hicieron que llegara al primer lugar junto con el apoyo convenenciero de sus seguidores.

Esta es la característica de la mayoría: entregar el voto a cambio de algo, lo que sea es bueno, si no se tiene un objetivo determinado y los enlaces necesarios. Lo que importa es estar dentro del presupuesto y alcanzar algo del gran hueso. La ideología y la fidelidad a los principios del partido son cosa perdida desde hace mucho tiempo.

Las irregularidades que envolvieron al proceso electoral –de las que hay testimonios y evidencias, unas presuntas y otras absolutas– aún mucho antes de su inicio involucran no solamente a todos los partidos políticos sino a las instituciones electorales, al gobierno calderonista y a los poderes fácticos, particularmente Televisa y Tv Azteca, y a los medios de comunicación afines, trátese de impresos, radioeléctricos y de cable, sobresaliendo precisamente las del PRI por lo cuantioso, el número y la envergadura de éstas que rebasan ostensiblemente los gastos de campaña autorizados por el IFE.

¿Pero sabe usted qué va a pasar? Nada. Absolutamente nada porque todos están coludidos. Todos son lo mismo y se cubren unos a otros para continuar encastillados en el poder.

El PRI salió de Los Pinos en el año 2000 por el hartazgo de la gente de la corrupción, la injusticia, el enriquecimiento ilícito y descarado de los funcionarios públicos, el tráfico de influencias, la carestía, la pérdida del poder adquisitivo, la indiferencia de los gobiernos priistas a las necesidades crecientes de los ciudadanos, el engaño y la manipulación priista, la baja calidad educativa y la falta de empleos, entre otras muchísimas más carencias de la población en general. Hoy, todo esto se olvida y un número inferior de votantes en relación a los 112 millones de mexicanos, nos hacen regresar al pasado.

Volvemos a la “dictadura perfecta”, podrida por dentro y por fuera, donde todo es simulación y no olvidemos que Enrique Peña Nieto es artista del Canal de las Estrellas.

Sin embargo, tenemos algunos elementos a nuestro favor:

Los ciudadanos ya no se quedan callados; protestan y se organizan a través de las redes sociales en forma efectiva.

Habremos de exigir fiscalización de la legalidad del proceso electoral para tener conciencia cierta de lo acontecido y actuar en consecuencia.

Habremos de saber si hubo dinero del narco en dicho proceso y seguir sus repercusiones en la legalidad del mismo.

Habremos de seguir que se cumpla promesa por promesa.

Tenemos una juventud universitaria invaluable, interesada y vigilante de la vida política y social del país, comprometida con construir una democracia real, cuyo objetivo perseguimos millones de ciudadanos.