¿QUIÉN PAGA?

Reynaldo Mota Molina

La nueva casa del Senado de la República ubicada en la privilegiada zona de la avenida de los Insurgentes y el Paseo de la Reforma de la ciudad de México, cuyo costo asciende a más de 2 mil 563 millones de pesos, que se presume ser un “edificio inteligente” porque contiene la tecnología de punta más avanzada en sus instalaciones y cuenta con comodidades exclusivas de un hotel de gran lujo, mostró no ser tan inteligente —igual que sus inquilinos senadores—, porque a la hora buena falló… El sistema electrónico de votaciones no funcionó y se tuvo que votar a la antigüita, los “señores” senadores tuvieron que hacer cola para ir al baño, hubo inundaciones hidráulicas, en fin. Pero eso no es lo importante, sino la abismal distancia que existe entre la clase política y la sociedad mexicana.

Mientras el país está sumido en profundas crisis, la económica-social entre muchas otras, los senadores, indiferentes, se gastan tal millonada, bueno, ellos no, el Estado, es decir, dinero nuestro, en lujosos escaños electrónicos donde posan sus mortales nalgas, gracias al proyecto impulsado por Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Enrique Jackson (PRI) durante la pasada legislatura, sin dar resultados positivos, sino en contra, de la sociedad que los mantiene, como lo muestra el proyecto de ley que aprobaron de Asociaciones Publico-Privadas que, de ser aprobado por la Cámara de Diputados, significará la apertura para la privatización de los servicios públicos del Estado como la educación, la salud pública, el transporte, etcétera, quedando a merced e indefensa ante la voracidad empresarial nacional y extranjera.

Si hablamos de los diputados —nos seguimos preguntando para qué diantres sirven 500— cuya productividad es bajísima y la representatividad social cero, están en contra de los ciudadanos y a favor de los patrones como lo demuestra el proyecto de reforma a la ley laboral que entregaron a los empresarios, en cambio, el costo por dietas y canonjías es altísimo y contraproducente de su rendimiento.

Los partidos políticos, TODOS, ¿para qué sirven? No representan, efectivamente, a ningún ciudadano común ni a los intereses de éste; sólo se ocupan de la grilla, de los intereses de grupo o de partido para obtener los mejores y más redituables posicionamientos y si se trata de épocas electorales, para alcanzar las mayores tajadas del botín, que son multimillonarias.

Es la práctica perversa del afán enajenante de simulación de una democracia que no existe: financiar a los partidos y sus compinches; financiar las precampañas y las campañas electorales; hacerse de la vista gorda en los recursos que filtra el narco para comprar complicidades e imponer candidatos.

El costo del Instituto Federal Electoral (IFE) es estratosférico si se compara con la efectividad y el rendimiento imparcial de su función rectora de los procesos electorales. Agrava la falta de credibilidad y el sospechosismo la inexplicable tardanza en “nombrar” a los tres consejeros que faltan, casualmente, ante la inminencia de los comicios del Estado de México de por sí, conflictivos.

No digamos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuyos magistrados son los mejor pagados ¡del mundo!, que no garantiza la correcta administración de justicia electoral. Ahora mismo su presidenta, María del Carmen Alanís, se encuentra en un lío por haberse reunido en secreto con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución, cuyo caso debe resolver la instancia que preside la propia Alanís.

Toda esta fenomenal carga económica, por sólo mencionar estos rubros, la soporta el ciudadano común, es decir, usted y yo, amigo lector, sin chistar, en este país que los políticos nos han arrebatado y empobrecido. Este año se incrementará la pobreza en 5.5 millones de personas por desempleo y bajos salarios, según el Tec de Monterrey, y la pobreza extrema crecerá por el impacto de precios en alimentos, dice el Banco Mundial.

¡Tanto gasto y nada sirve!

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