CONTRABANDO ESTADOUNIDENSE

Reynaldo Mota Molina

Al parecer la muerte del agente aduanero Brian Terry aunada a la de Jaime Zapata, agente especial del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), sucedidas en México, ambas con armas fabricadas en Estados Unidos, suscitaron que un grupo de agentes de la Oficina estadounidense para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) dieran a conocer a través de una red social que Estados Unidos da permiso para vender armas a mexicanos, incluso cuando el comprador puede pertenecer a un grupo de los cárteles. Posteriormente la cadena CBS entrevistó al agente John Dodson quien declaró que dicha oficina de control de armas de fuego permitió deliberadamente la entrada ilegal a México de casi 2 mil armas durante 15 meses, incluidos fusiles de asalto AK así como armas de alto poder calibre .50, que tienen la potencia suficiente para derribar aviones, de acuerdo con documentos obtenidos por el Centro para la Integridad Pública (CPI) y Los Ángeles Times.

La operación se desarrolló a través del programa denominado “Fast and Furious” (Rápido y Furioso) con el objetivo —supuestamente— de ubicar la cadena del contrabando de armas y rastrearla hasta los cárteles de la droga, desmantelar las estructuras del crimen organizado y capturar a capos de alto nivel. Sin embargo, durante su implementación, la operación falló, no se logró la captura de ningún miembro importante de los cárteles de la droga y la ATF perdió el rastro de miles de armas que aún están perdidas y siguen cobrando víctimas en ambos lados de la frontera, según declaró el agente Dodson.

Imposible que toda esta operación se realizara sin el consentimiento del gobierno de Estados Unidos a través del procurador general Erik Holder, quien negando tener conocimiento de los hechos ordenó investigar el operativo, lo cual hace prever los resultados, dado que la Casa Blanca se niega a restituir la prohibición de armas y en febrero pasado rechazó la petición de la ATF de obligar a las armerías en California, Arizona, Nuevo México y Texas a informarle cuando vendan armas a particulares, lo cual implica no sólo complacencia sino complicidad del gobierno estadounidense en el contrabando de armas.

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no fue informado de tal operación, la cual se realizó sin conocimiento del gobierno mexicano, lo que significa una flagrante y peligrosa violación a la soberanía nacional, presumiblemente por falta de confianza en el gobierno calderonista.

La envergadura de este botón de muestra evidencia el doble juego de Estados Unidos y la hipocresía con el gobierno de México que debió encender, por lo menos, los ánimos a los que es tan proclive Felipe Calderón, pero sólo provocó una brevísima y débil nota de la cancillería mexicana: “Se ha procedido a solicitar información detallada sobre este asunto a las autoridades estadounidenses”.

¡Caramba!, ¿a qué le teme?

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