Reynaldo Mota Molina
Sería sano e interesante
llegar a saber el móvil de por lo menos algunas decisiones de Enrique Peña
Nieto y su gobierno —ya que son imposibles de comprender para los más de ciento
doce millones de ciudadanos comunes y corrientes—, de cómo y por qué primero presentó
las iniciativas de las reformas constituciones más importantes y
trascendentales, a grado tal de trastocar en forma definitiva el destino del
país y de sus habitantes en por lo menos dos ejes fundamentales como son la
Energética y la de Telecomunicaciones, por mencionar solamente estas dos de las
once que ha promulgado en lo que va del sexenio.
Seguramente usted recuerda el
extraordinario despliegue publicitario de los supuestos beneficios que traería
para todos los mexicanos el hecho de dejar en manos privadas, extranjeras y
nacionales, la explotación de los hidrocarburos y de la energía eléctrica en
los precios domésticos del gas, de las tarifas eléctricas y de un sinfín de
promesas incluyendo la generación de cientos de miles de empleos bien
remunerados.
En la de Telecomunicaciones
ofrecía poner fin a los monopolios en general, incluso se integró un nuevo
organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dotándolo
de amplias facultades para regular y controlar efectivamente la televisión y la
telefonía, entre muchas otras cosas, y así fueron promulgadas.
Muchos aplaudieron la decisión de que Peña
Nieto al fin se atreviera a ponerle el
cascabel al gato en materia de telecomunicaciones —ver “A ver si así”— sin
ocultar el recelo que significaba la aplicación real de dichas reformas
constitucionales.
Todos sabemos en qué
terminaron; las Leyes reglamentarias presentadas por el mismo Enrique Peña
Nieto contradicen en puntos vitales lo que establecen las propias reformas constitucionales
—¿quién lo entiende? ¿Cuál es la razón verdadera de esto? ¿Cómo es posible que
el Congreso de la Unión solape y apruebe que las leyes secundarias superen a
las constitucionales? ¿Entonces, para qué sirve…?
No sólo esto. Las Leyes
reglamentarias en materia energética son muchas y dejan conscientemente cientos
o quizá miles de recovecos jurídicos por donde los monstruos petroleros
internacionales tendrán oportunidad de sacar los energéticos impunemente, a su
antojo y conveniencia, y los mexicanos, como siempre, nos quedaremos sólo
mirando…
Las de Telecomunicaciones
terminaron con un suculento paquete de regalos a Televisa más allá de lo que pretendía
y empoderando sospechosamente a Gobernación en relación con los contenidos y los
derechos de las audiencias.
Estos atracos generaron la
reacción de ciudadanos, analistas especializados y organizaciones civiles que señalaban
la inconstitucionalidad de cuando menos quince puntos específicos de las Leyes
secundarias siendo el principal el de coartar la propia autonomía del IFT en la
toma de decisiones en las que la Constitución le otorga autoridad exclusiva
—como es el caso en materia de competencia, por ejemplo—, y las Leyes
secundarias lo obligan a consultar al respecto con las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda.
El IFT se vio precisado a
decidir sobre la necesidad de interponer una controversia constitucional ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revisara la
legislación que menoscaba y vulnera las facultades del organismo regulador que
para eso fue creado. Pero el pleno del instituto decidió no acudir a la corte
en votación de 5 – 2, sometiéndose humillantemente a la presunta línea dictada
por el Ejecutivo.
Las excusas de los cinco
comisionados que votaron en contra son escuetas y francamente estúpidas.
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