¿DÓNDE ESTÁ EL ENEMIGO PÚBLICO?

Reynaldo Mota Molina

Por tercera vez Joaquín “Chapo” Guzmán escapó de la mano “justiciera” del gobierno mexicano; las dos primeras, de complacientes penales federales de alta seguridad y la tercera, de un operativo de la Marina Armada de México, después de que agencias antidrogas de Estados Unidos detectaron su ubicación en un rancho cercano a la población de Cosala, Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental. Esto concediendo que así haya sucedido y no sea otra complacencia o un simple distractor de la atención pública.

Porque el gobierno de Peña Nieto no quiere que la ciudadanía fije su atención en la pobreza y el hambre que le aqueja y menos aún en la inseguridad creciente del territorio nacional como lo muestran los muertos recientes de Iztapalapa, sin embargo, no puede ocultar que en los tres primeros años del sexenio se han cometido más de 51 mil asesinatos, según las cifras oficiales al pasado mes de septiembre, aunque el semanario Zeta de Tijuana, Baja California, reporta 57 mil, según su propio conteo en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Solamente de enero a septiembre del año en curso son 13 mil 920 los asesinatos cometidos; en 2014 fueron 17 mil 324 homicidios dolosos; en 2013, 18 mil 447; y tan solo en diciembre de 2012, mil 696, durante el primer mes de gobierno de Peña Nieto. La suma de dichas cifras son un total de 51 mil 387 asesinatos en medio de la más absoluta impunidad.

En el nefasto gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron más de 70 mil muertes violentas con la dizque “guerra contra el narcotráfico”, aunque extraoficialmente la cifra rebasa 100 mil 200 muertos. Al paso que va, el gobierno peñista superará la cifra macabra, y eso que no estamos “en guerra”.

   

Un número indeterminado de estos crímenes han sido cometidos por las fuerzas de seguridad “al servicio del pueblo”: las policías federal, estatal y municipal, el Ejército mexicano y la Marina Armada de México, y uno se pregunta: ¿Dónde está el enemigo público…?

¿Será por eso que el Ejército se niega rotundamente a que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue directamente a los militares del batallón de Iguala, Guerrero, sobre los sucesos de septiembre del año pasado relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, contraviniendo la disposición mostrada públicamente por el “comandante supremo” de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, evidenciando que ésta es solo aparente?

Porque el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, descartó tal posibilidad en la audiencia pública realizada el pasado martes 20 en  la ciudad de Washington, alegando que dicho tema no forma parte de los puntos convenidos el día anterior con el GIEI. Sin embargo, los expertos aseguran que las entrevistas a los militares sí son necesarias, fueron solicitadas desde antes, y están implícitas en los puntos firmados.

¿Por qué tanto resquemor del gobierno al interrogatorio de militares? ¿Pues no que el Ejército está para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, según reza la Constitución Política mexicana?

Por eso insistimos: ¿Dónde está el enemigo público…?

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DE TLATELOLCO A IGUALA

Reynaldo Mota Molina

47 años de la matanza de Tlatelolco a manos del Estado mexicano; 47 años de los abyectos e impunes crímenes de estudiantes universitarios reunidos en una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco de la Ciudad de México, cuyo movimiento estudiantil logró aglutinar otros reclamos de los sectores obrero, campesino y médico del sector público, sin que hasta el día de hoy se haya aplicado justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos el 2 de octubre de 1968, empezando por el expresidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación en ese entonces, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.

Han transcurrido 47 años de la matanza cuyo número exacto de estudiantes y demás ciudadanos muertos por la llamada Brigada Blanca –integrada por policías, judiciales y militares– y el Ejército, se desconoce –la cifra más probable es de 325; el gobierno reconoció sólo 26–, mientras el deterioro de las instituciones de gobierno y de justicia alcanza estándares que alarman a todo el país y al mundo entero debido a la corrupción y a la impunidad de que son presas.

Durante este tiempo han ocurrido innumerables actos represivos por parte de las autoridades civiles y militares exacerbados por su colusión con el crimen organizado que adquieren grados de crueldad inhumana inenarrables, baste mencionar Atenco, San Fernando, Tlatlaya, Tanhuato-Ecuandureo y, por supuesto, la desaparición forzada de 43 estudiantes –otra vez estudiantes– normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, y cuando menos 9 personas fallecidas, hace un año, a manos de policías municipales y federales con el conocimiento o participación del Ejército en medio de la más absoluta impunidad, encubiertos por las instituciones de gobierno y de justicia.

Tal vez por incapacidad o por tratar de obtener algo de credibilidad y liberar un poco la presión mundial por la aclaración de la desaparición y paradero de los estudiantes, el gobierno federal solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación de este asunto, que el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, dio por concluido al declarar su “verdad histórica” sin fundamento.

El trabajo exhaustivo de los investigadores profesionales de la CIDH no sólo ha evidenciado la falsedad de la verdad histórica sino que ha demostrado la existencia de un quinto autobús, por lo menos acondicionado para el trasiego de droga, que sin saberlo los estudiantes, tomaron para unirse al contingente que acudiría a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario de la matanza de Tlatelolco, motivo de este maremágnum que nos lleva a pensar: si los estudiantes no hubiesen topado con dicho autobús, otra sería la historia.

Ahondar en esto no le conviene al gobierno federal que ha encubierto toda esta trama por razones inconfesables y ahora trata ridículamente de desvirtuar la investigación de la CIDH pero, afortunadamente, los investigadores tienen los elementos fundamentados y testimonios irrefutables que han dado a conocer.

Todo esto demuestra que a 47 años de distancia de la matanza de Tlatelolco, estamos ahora peor que entonces: mayor corrupción, dicho y reconocido por el propio presidente Enrique Peña Nieto envuelta en su cultura, así como falta de credibilidad en todas las instituciones; mayor impunidad, mayor injusticia, mayor inseguridad, mayor número de desapariciones forzadas, mayor grado de tortura; mayor pobreza, mayor desigualdad socio-económica, mayor desprestigio internacional, mayor predominio extranjero, mayor saqueo de los bienes nacionales… y todavía faltan tres años.

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