El nuevo escándalo que envuelve al PRI y consecuentemente a su candidato
a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, que ya no siente lo duro sino
lo tupido, ahora por la compra de servicios publicitarios para difundir y posicionar
la imagen de Peña Nieto entre la población de habla hispana en Estados Unidos
mediante un presupuesto de 56 millones de dólares —cerca de 800 millones de
pesos— ha cimbrado nuevamente la estructura electoral priista que se encuentra
apabullada y tambaleante.
El empresario méxico- norteamericano José Luis Ponce
de Aquino, propietario de la empresa televisiva estadounidense Frontera
Television Network (FTN), demandó ante la Corte del Distrito Centro de
California, USA, al secretario particular de Peña Nieto, Erwin Lino, al
coordinador de comunicación, David López, y al vocero del PRI, Roberto Calleja,
por conspiración y fraude.
En
la demanda se establece que el presunto fraude consistió en engañar al
empresario Ponce de Aquino con el señuelo de que sería contratado con el
millonario presupuesto para realizar una campaña mediática a favor de Peña
Nieto a través de espectaculares, revistas, radio, televisión e internet,
usando su estructura empresarial y relaciones en Estados Unidos —cosa prohibida
por las leyes mexicanas—. El contrato fue firmado, según el empresario, por
Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, S.A. de C.V.
La
campaña no se llevó a cabo a pesar de los contratos firmados que garantizaban
el proyecto, debido a que nunca recibió ningún anticipo, sin embargo, la
empresa Jiramos recibió la suma establecida de 56 millones de dólares, los
cuales se depositaron en un solo día en una cuenta del Banco Monex, Banca Mifel
en Virreyes, de procedencia desconocida, según Ponce de Aquino, quien establece
en la demanda que dicha cantidad la repartieron entre los demandados.
El
empresario asegura que la denuncia “no tiene intereses políticos” y busca
aclarar el presunto fraude y ser “compensado por gastos y daños causados”.
En
respuesta el PRI, a través de su abogado Eduardo Sánchez, dice que el
representante del empresario Ponce de Aquino, Francisco Javier Torres González,
“se acercó y abiertamente amenazó con
hacer un escándalo mediático previo a la elección si no se le proporcionaban 5 millones de
dólares”. “Se
trata de una vulgar extorsión, del tamaño de la Catedral”. Explica que “fue Alejandro Carrillo Garza
Sada quien
ofreció publicidad de Peña Nieto en Estados
Unidos, pero el PRI la rechazó por estar prohibida por la ley”. Asegura que esta persona “no
es parte de la campaña de Peña Nieto” y que el partido interpuso una demanda
ante la PGR por la demanda en Estados Unidos en contra de integrantes del
equipo del candidato priista.
Esto huele mal, pese
a las acciones judiciales en ambos países. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se oculta? ¿Es
acaso una vil cortina de humo para distraer la atención pública del gran
atentado contra la democracia mexicana cometido por Televisa, Tv Azteca y el
gobierno de Felipe Calderón, al conceder la fusión del duopolio en monopolio?
Televisa
adquiere el 50 por ciento de Iusacell, propiedad de Tv Azteca, para acceder a
la telefonía móvil, y la Comisión Federal de Competencia (CFC) —gobierno
Federal— avala la constitución de otro monopolio en lugar de abatir el
existente (Telmex), en perjuicio del usuario nacional que tiene que pagar las
tarifas más altas del mundo por un servicio de telefonía mediocre.
El acceso de
Televisa a la telefonía móvil le permitirá ofrecer todos los servicios en todas las
plataformas tecnológicas existentes, cosa que no ocurre en ningún otro país del
mundo, según afirman especialistas del sector de telecomunicaciones. El
objetivo de Televisa y Iusacell es dominar el servicio de televisión móvil y
por Internet y telecomunicaciones móviles a más tardar en cinco años, debido a
que la televisión abierta —gratuita— perderá fuerza paulatinamente. El público
tendrá que pagar las tarifas que arbitrariamente le impongan, indefenso ante los
excesos de las televisoras en contubernio con el gobierno federal.
Una vez más se
evidencia el doblego de Felipe Calderón Hinojosa ante los poderes fácticos que
lo dominan pero cuyas consecuencias pagamos todos.
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