LA MAFIA DEL PODER

Reynaldo Mota Molina

En alcance de lo comentado en esta misma columna sobre el tema "Senadores, baño de lodo", respecto a las imputaciones de la corredora inmobiliaria Mayra Correa Hernández a senadores de la legislatura pasada por presuntos fraudes en la adquisición del terreno donde se construyó la nueva sede del Senado de la República, resulta que en entrevista con Carmen Aristegui de Noticias MVS, en donde Mayra Correa reiteraba su denuncia pública, ésta no se concluyó por falta de tiempo —el noticiario termina a las 10 horas— y se concertó una nueva cita telefónica para el día siguiente que no se llevó a cabo porque fue imposible localizar a la corredora de bienes inmuebles.

Reporte Índigo, revista virtual que dio a conocer dichas imputaciones, informa en el reporte número 227 (Senado bajo la lupa) que Mayra Correa Hernández se dijo intimidada y amenazada por dos individuos que la levantaron la mañana del jueves 5 de mayo —fecha en que continuaría la mencionada entrevista— cuando corría en un parque de Toluca. Que después de un prolongado interrogatorio sobre sus móviles para hacer la denuncia y las pruebas que tenía, le advirtieron que mantuviera silencio ante los medios. De lo contrario, su vida, la de su mamá y la de sus gatos peligraban.
Los hechos habrían sucedido a las 6:45 de la mañana en un parque cercano a su domicilio, cuando se le aproximó una camioneta tipo van, americana, color café oscuro, sin placas y con vidrios polarizados. Dos individuos bajaron y le pidieron que abordara la camioneta. Dijo que al percatarse de que venían armados, no opuso resistencia. No era la primera vez que era intimidada.

Le dijeron que querían platicar, y la pasearon. Sin violencia, pero con rudeza, el más delgado de los dos individuos la interrogó sobre sus denuncias. “¿Quién está detrás de usted? ¿Quién le está pagando?”. Querían saber de qué vive y si tenía pruebas concretas para sustentar sus acusaciones. Antes de liberarla lejos del sitio en que la levantaron, le advirtieron que se quedara callada. Que ya no hablara ni denunciara, porque su vida estaba en peligro. Un policía que hacía su ronda por el sector la llevó de regreso a su domicilio.

Hasta el momento el Senado no ha hecho ningún comentario sobre las graves acusaciones; acaso, Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega, ambos exsenadores presuntos implicados, protestaron; el primero interpuso una denuncia ante las procuradurías del Distrito Federal y la PGR para las investigaciones correspondientes y el segundo envió una carta a Carmen Aristegui, deslindándose.

En el Senado se logró un punto de acuerdo, a petición del legislador Ricardo Monreal, para que se abran los expedientes y se audite la construcción de la nueva sede del Senado.

Veremos y diremos…

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LOS DAÑOS COLATERALES

Reynaldo Mota Molina

¿Qué grados de inconsciencia y de insensibilidad puede alcanzar la mente humana como para cometer los actos más atroces y despiadados en contra de otro ser humano? ¿Cómo se llega a tales acciones de deshumanización como las que nos enteramos todos los días atribuidas al crimen organizado pero que también, imperdonablemente, cometen las fuerzas armadas en contra de la población civil? Baste recordar el caso de la anciana de Zongolica, Veracruz, brutalmente violada por militares hace algunos años y muerta en consecuencia.

Verdadero daño colateral de la “guerra” estúpida de Felipe Calderón Hinojosa dizque contra el narcotráfico, es el prohijamiento de una violencia irracional e incontenible que crece cada día sin que logre mover la conciencia ni la voluntad de Calderón para retirar el Ejército de las calles y mediante un plan aguzado disminuir los excesos repulsivos.

El desarrollo de la estúpida “guerra” ha engarzado elementos nocivos que si bien ya existían, no tenían la connotación bestial que hoy son una amenaza para la población de muchas ciudades de la República mexicana y para la población flotante de los migrantes que, también irracionalmente, persisten en el “sueño americano” y se adentran en nuestro país a sabiendas de los peligros que los acechan.

Con 40 mil muertos —hombres, mujeres, niños y ancianos— a cuestas de Felipe Calderón, masacrados con saña inaudita, mutilados o desechos en ácido, resulta un desafío a la capacidad de asombro enterarse de que la mayoría de los cadáveres hallados en San Fernando, Tamaulipas, a fines de abril pasado, fueron ultimados a golpes con elementos contundentes —más de 130, de 183 a esa fecha— entre ellos 20 correspondían a mujeres entre 25 y 40 años edad. El 80 por ciento presentaba huellas de tortura que les provocaron fracturas expuestas y craneoencefálicas, de acuerdo al resultado de las necropsias y los peritajes practicados para identificación genética.

Puede entenderse que el mensaje de los criminales es demostrar quién tiene realmente el poder en esta estúpida “guerra”; puede entenderse que se trata de sembrar el terror entre la población para tenerla a merced del crimen organizado; puede entenderse que quienes se niegan a colaborar son, simplemente, ejecutados. Lo que resulta incomprensible es cómo trabaja el cerebro de quienes realizan tales ejecuciones y de quienes las ordenan y más incomprensible resulta la tozudez de Felipe Calderón de continuar con más armas y más violencia “su guerra” estúpida, que el narco responde con más armas y más violencia mientras la gente ajena al conflicto queda en medio, inerme.

Todo está podrido en el gobierno calderonista, todo supura. El Instituto Nacional de Migración (INM) es un nido de ratas donde se venden como esclavos —en pleno siglo XXI— los migrantes provenientes de Centro y Sud América a los grupos criminales. Todo el mundo lo sabe desde hace años aunque nunca con la magnitud ni el destino de ahora.

El tráfico humano de asiáticos, africanos (2 mil 329 en 2010) y de otras nacionalidades también está en auge desde hace dos años porque significa gran negocio para el gobierno corrupto.

En el reciente decomiso de indocumentados en dos tráileres se encontraban 410 guatemaltecos, 47 salvadoreños, 32 ecuatorianos, 1 hondureño, 1 dominicano, 3 chinos, 1 japonés, 12 hindúes y 6 nepaleses: 513 en total de los cuales 32 eran mujeres y 4 menores.

Otra faceta del fabuloso negocio es el llamado contrabando humano “Vip” –fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, según la ONU– que tiene paso libre en las aduanas de México y genera ganancias de 90 mil dólares por indocumentado, principalmente asiáticos, según investigación de Ana Lilia Pérez del semanario virtual Contralínea. Dice el reporte 228: La colusión entre autoridades y funcionarios migratorios convirtieron a México en trampolín de redes internacionales del tráfico humano más costoso del mundo: transporte aéreo, lujosos hoteles y restaurantes gourmet. Para las organizaciones criminales de tráfico de indocumentados “Vip”, los cárteles mexicanos ofrecen sus servicios como “outsourcing” directamente o a través de funcionarios públicos incluidos en sus nóminas de los cárteles.

Así está el país.

ORO PURO

Reynaldo Mota Molina

Durante el primer trimestre de este año el Banco de México (Banxico), banco central del Estado mexicano, adquirió 100 toneladas de oro por un valor de 4 mil 300 millones de dólares, según informó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de este mes, información que posteriormente fue confirmada por la institución monetaria, en busca de diversificar —dijo— los activos que integran la reserva internacional de 125 mil 793.8 millones de dólares, en un momento en que el dólar estadunidense —en cuya divisa Banxico tiene la mayor parte de dicha reserva— se ha depreciado frente a otras importantes divisas como el euro, la libra esterlina o el yen japonés.

La adquisición es una de las mayores compras de oro realizada por un país emergente como México, mediante una “política habitual del instituto emisor”. El valor de la reserva de oro en el Banco de México subió de 294 millones de dólares en enero pasado a 4 mil 638 millones de dólares en marzo.

Suena bien, pero la burra no era arisca, y como entramos al “año de Hidalgo…”, y como el gobierno calderonista no es confiable, y como no es transparente, y como no es ducho en el manejo de las finanzas ni las economías, entre otras cosas, ¿quién sabe en qué manos van a parar los lingotes del preciado metal…?

¿Cómo se explica, por ejemplo, la diferencia del costo por metro cuadrado de la nueva sede del Senado, de 43 mil pesos, contra 21 mil pesos del metro cuadrado de la Torre Mayor, ubicada en la misma zona del Paseo de la Reforma de la ciudad de México? ¿Cómo se explica que con 43 pisos menos y la mitad de los metros de construcción, la nueva sede legislativa costó lo mismo que la Torre Mayor?, según investigación de Reporte Índigo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de declarar que México no destaca en crecimiento económico por su dependencia de Estados Unidos a pesar de tener potencial para aumentar la producción de alimentos y exportarlos a Asia.

Según datos oficiales, durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Fox, la deuda pública se ha disparado 219 por ciento; el gobierno calderonista endeuda a México a razón de 150 millones de dólares diariamente, y la deuda pública neta interna y externa llegó a 4 billones 253 mil 250 millones de pesos.

De acuerdo con el Banco Mundial (BM) durante la última década (gobiernos panistas), México perdió la oportunidad de disminuir la desigualdad económica y tan sólo la décima parte de la población, en la punta de la pirámide, concentra 41.4 por ciento de la riqueza nacional. En este mismo periodo se han perdido 900 mil empleos tan sólo en el sector manufacturero como resultado de una política indiscriminada y unilateral de apertura y reducción de aranceles, según la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).

En el informe que acaba de presentar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Índice de desarrollo humano de hogares e individuos 2009”, el ingreso salarial cayó 2.1 por ciento debido, en parte, a la crisis y al aumento de precios, pero también a que la economía del país no ha crecido en 20 años.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), acaba de dar a conocer que el sector informal de la población mexicana alcanzó una tasa de 28.5 por ciento en el primer trimestre de 2011, lo que significa que aproximadamente 13 millones de personas se desempeñaron en dicha actividad. Alrededor de 2.5 millones de mexicanos, según la medición oficial, permanecen en desocupación abierta.

Sin embargo, 31 mil 611 servidores públicos que laboran en 18 secretarías de Estado, en la PGR y en la Presidencia de la República, ganan entre uno y 3.3 millones de pesos al año.

¿Hay razón, o no, para desconfiar?

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EL MUNDO MINERO

Reynaldo Mota Molina

Una vez más la corrupción, la irresponsabilidad y la confabulación de intereses creados propician una nueva catástrofe en la zona carbonífera de Coahuila —el estallido en un pozo minero por acumulación de gas metano como el ocurrido en Pasta de Conchos— con el resultado de catorce mineros muertos. Un simple pozo —como hay cientos—, “concesión” de la minera “Beneficios Internacionales del Norte” (Binsa), propiedad de Luis González Garza, al que se introducen los trabajadores para extraer el carbón mineral sin las más elementales medidas de seguridad ante la “complacencia” y complicidad de las autoridades que ahora se dan golpes de pecho ante los medios de comunicación y, más aún, manipulan políticamente a la opinión púbica como es el caso de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, con aspiraciones para ser presidente de la República mexicana por el Partido Acción Nacional (PAN).

Según un análisis de la Familia Pasta de Conchos, durante la última década con gobiernos panistas, se han entregado más de 5 mil títulos mineros cuyas concesiones se entregan sin control; la Secretaría de Economía no verifica la existencia de las empresas a las que entrega títulos de explotación, los concesionarios de minas y pozos no pagan lo correspondiente por los títulos y al menos cincuenta por ciento de los empresarios carecen de actas constitutivas que acrediten que los socios inversionistas son mexicanos. Estas empresas ejercen una permanente defraudación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que a su vez tolera las violaciones y no realiza auditorías de ningún tipo.

Los concesionarios mineros no entregan informes a la Dirección General de Minas ni ésta verifica que aquellos se sujeten a las normas oficiales nacionales en materia de seguridad, ni de equilibrio ecológico y protección al ambiente; no hay seguimiento de las obligaciones legales de noventa y nueve por ciento de dichos empresarios.

A partir del año 2000 los títulos de exploración –que se otorgaban por seis años– se dan por cincuenta años, en un contra sentido porque ninguna empresa explora durante medio siglo para identificar si hay depósitos de minerales u otras sustancias. En realidad con estos títulos se realiza la explotación de yacimientos lo que constituye un gran fraude para el erario público puesto que debería pagarse más por un título de explotación de cincuenta años que por uno de exploración. Entre unos y otros hay una diferencia abismal.

Por parte de la Secretaría de Economía (SE) a cargo de Ernesto Cordero, existe gran desorden, negligencia y omisión en el manejo de las concesiones y grave responsabilidad, junto con la Secretaría del Trabajo, en el nuevo desenlace fatal de Sabinas, Coahuila.

Probablemente durante unos días se realizará el estira y afloja de los malabares leguleyos y después todo volverá a la impunidad que es sello de los gobiernos panistas.

¿Y los mineros muertos y sus familias…?

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LA “GUERRA” QUE VIENE

Reynaldo Mota Molina

El hallazgo de las llamadas “narcofosas” en Tamaulipas y en otros estados de la República mexicana deja al descubierto otro ángulo del terrible drama que viven miles —sí, miles— de familias a quienes ha alcanzado en forma directa el horror de esta estúpida guerra de Felipe Calderón Hinojosa; familias que evitaban acudir a las autoridades a denunciar la desaparición de hijos, esposos, hermanos, parientes o amigos —hombres y mujeres— por desconfianza y temor, sabedoras de que nadie haría nada por localizar a sus familiares y sólo les esquilmarían los pocos o nulos recursos de que disponían y preferían acudir personalmente a buscarlos en un peregrinar a hospitales, morgues y cárceles. Sólo quienes viven una tragedia de esta naturaleza conocen su dimensión exacta.

Así acudieron a los Servicios Médicos Forenses (Semefo), que no se daban abasto por la cantidad de cadáveres encontrados y el grado de descomposición que presentaban, con la esperanza que entre ellos se encontrara la persona buscada, proporcionando su ADN para cotejarlo con el de los despojos, aumentando el drama familiar, y más cuando se hizo necesario enviar los cadáveres en tráiler a la ciudad de México en auxilio de dicha tarea. A la identificación de restos humanos han acudido familias de diversos estados de la República y de otros países latinoamericanos, parientes de inmigrantes que intentaban llegar al “sueño americano” y quedaron atrapados en la “guerra” estúpida.

Suman cientos los muertos encontrados hasta ahora en dichas fosas, pero un exsicario del cártel de Juárez informó al periodista estadounidense Charles Bowden, en una serie de entrevistas, que “en la frontera norte de México hay cientos de narcofosas con miles de cuerpos dentro”, lo cual debe ser macabramente cierto porque, ¿dónde está la mayoría de los 40 mil muertos y los que siguen desapareciendo todos los días?

Pero Felipe Calderón quiere más, según se desprende de la iniciativa presentada para reformar la Ley de Seguridad Nacional que intenta otorgar al Ejecutivo facultades discrecionales para el uso de la fuerza militar “para enfrentar riesgos de seguridad nacional” y cuando un conflicto social o poselectoral “se salga de control”. Esta iniciativa impulsada por el PAN y una fracción del PRI afín a Enrique Peña Nieto, con miras al 2012, fue negociada con el propio Felipe Calderón y Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y avalada por el Senado, para otorgar al Ejército facultades por encima de las establecidas en la Constitución mexicana que facilitan su avance hacia un Estado totalitario y lo habilitan para ir en contra de movimientos sociales, electorales o laborales, que parece ser el sueño dorado de Calderón.

Por lo visto este es el quid del asunto, aunque por ahora la reforma quedó pendiente porque se terminó el periodo ordinario de sesiones. Los diputados tuvieron “tanto” trabajo que no lo terminaron...

Por otra parte, Calderón se prepara para la inminente sucesión presidencial, que también será inútilmente cruenta, abriendo un tercer frente: Con Marisela Morales Ibáñez como ariete en la Procuraduría General de la República (PGR), con su negro historial en el Ministerio Público Federal; Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con su probado “desarrollo” en la seguridad pública nacional; y el próximo arribo del expriísta Miguel Ángel Yunes Linares al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —convertido en centro de espionaje del Ejecutivo desde los tiempos de Fox—, integrará un equipo destinado al espionaje, persecución, chantaje y terror. Bueno, el chantaje ya empezó con la amenaza de hacer públicos los expedientes “negros” de gobernadores priístas con “actividades ilícitas”, integrados ex profeso por la PGR, si no eran aprobados los cambios propuestos en la mencionada reforma de la Ley de Seguridad Nacional.

¿Qué efectos tendrá en la marcha silenciosa por la paz y la justicia del domingo 8 de mayo y en la firma del Pacto por la Paz y la Reconstrucción del País que será suscrito en Ciudad Juárez por organizaciones civiles? Muy pronto lo sabremos; pues no se trata de una marcha más en demanda de seguridad, sino que forma parte de un movimiento nacional que quiere participar en la reconstrucción del país. ¿Es tan difícil de entender?

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SENADORES, BAÑO DE LODO

Reynaldo Mota Molina

Los senadores acaban de recibir un verdadero baño de lodo; lodo del que están hechos y lodo en donde construyeron su flamante nueva sede sobre el Paseo de la Reforma de la ciudad de México, la cual fue edificada en un predio con graves fallas geológicas, fango y arcilla mezclados con agua: —“es como construir en el mar”— dijo uno de los constructores. El dueño de dicho terreno en donde se ubicaba el Cine Roble, derruido desde el sismo de 1985, el español Gabriel Escarret Meliá, propietario de la cadena mundial de hoteles Meliá, advirtió oportunamente que en dicho suelo sólo podría construirse un edificio de no más de cuatro pisos. El certificado para uso del suelo correspondiente (CE4380/97, folio 8430), expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, autoriza hasta seis pisos, sin embargo, dicha sede consta de catorce pisos, en cuya estructura se utilizaron 16 mil toneladas de acero. La cimentación de 50 metros de profundidad no garantiza en forma alguna la estabilidad del edificio según análisis científicos extranjeros. ¿Será cuestión de esperar el próximo sismo…? Por lo pronto el Salón de Plenos está inundado desde el aguacero de la semana pasada y existen un buen número de fallas de distinto orden que han obligado a los geniales legisladores a sesionar en la vieja casa de Xicotencatl.

Pero eso es lo de menos; lo de más, está en los fraudes que denuncia la promotora de bienes de inversión, bursatilización y corredora inmobiliaria, Mayra Correa Hernández, quien en 2001 ofrecía en venta dicho terreno por encargo de su propietario. Independientemente de las denuncias presentadas ante las autoridades competentes entre las que se cuentan diversos atentados en su contra, la promotora sostuvo una entrevista con Ramón Alberto Garza, director del semanario informativo de Internet “Reporte Índigo”, para denunciar públicamente los presuntos ilícitos que involucran a senadores de la pasada legislatura (Reporte 226 “Hace aguas el Senado”, en circulación), cuyo anticipo presentó Carmen Aristegui en su matutino de Noticias MVS el viernes 29. Los involucrados en los presuntos fraudes que refiere con detalle Mayra Correa de ese entonces son: Salvador Rocha Díaz, Diputado Federal (PRI); Mauricio Fernández Garza (Banca Confía) y exsenador (PAN), actual alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León; Diego Fernández de Cevallos, exsenador (PAN); Enrique Jackson, exsenador (PRI); Jesús Ortega, exsenador (PRD), Antonio Madero Bracho, intermediario.

Por la gravedad de las imputaciones el Senado de la República tendrá que investigar, además de las autoridades respectivas, y dar amplia explicación por qué se decidió precisamente por ese terreno, los pormenores de la compra-venta, el proceso de asignación de la obra, el grado de seguridad del edificio, entre otros importantes aspectos.

Como bien dice Ramón Alberto Garza: “La sede del máximo poder legislativo, de donde emanan las leyes, donde se vigila que se cumpla el estado de derecho, no puede estar cimentada en contubernios, malversaciones y presuntas corruptelas”.

Estamos al pendiente.

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