Reynaldo Mota Molina
Es la voz popular personalizada en la indignación, el dolor y la impotencia del reclamo de doña Luz María Dávila, madre de dos de los dieciséis jóvenes acribillados en Ciudad Juárez el 30 de enero, presuntamente por sicarios de uno de los cárteles que dominan la ciudad considerada internacionalmente como la más violenta del mundo.
“No puede ser que diga que eran pandilleros, sí estudiaban y trabajaban”. “Si usted perdiera un hijo buscaría hasta debajo de las piedras a los responsables, pero como yo no tengo esas posibilidades, no lo puedo hacer”. “No me diga que sí, ¡haga algo, señor Presidente! Queremos el Juárez de antes, no el sangriento”.
La escena se desarrollaba en la visita obligada por las circunstancias que Felipe Calderón realizó a dicha localidad mientras, mudo, asentía con la cabeza frente a la apesadumbrada madre.
La tragedia que vive el país reflejada en la irritación y el agobio de una mujer, de una familia, de una ciudad, de un estado, de la República entera, mientras el “presidente”, insensible y autoritario, reitera que la guerra —su “guerra”— sigue y los militares se mantendrán en las calles a pesar de las evidencias que demuestran el fracaso rotundo que, en cambio, genera terror y muerte.
¿Qué es lo que hay en Ciudad Juárez que, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desató la ola de violencia contra las mujeres encubierta por las autoridades de los tres niveles de gobierno, sin que haya poder humano que combata la impunidad?
¿Qué puede explicar el contubernio entre las instancias investigadoras y de aplicación de la justicia para que no se busque y castigue a los responsables del escalofriante número de feminicidios que suman más de mil 60 casos en los últimos catorce años?
La ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C, establece en su página Web que en Ciudad Juárez desaparecen mujeres y no se vuelve a saber más de ellas, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer sus cuerpos sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturadas y asesinadas, violadas de manera tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas. A la fecha estos crímenes están impunes, y a las mujeres desaparecidas nadie las busca... y los asesinatos y desapariciones continúan sin que a la fecha haya responsable alguno. Invitamos al gobierno a que emita alguna acción y deje de seguir ignorando que en esta frontera ocurre algo sumamente grave.
Sin embargo a partir del año 2000, gracias a la “tolerancia” del gobierno de Fox, la espiral de violencia y asesinatos ha sido creciente y campo de batalla de narcotraficantes que se disputan la predominancia del territorio y, a partir del 2006, con Calderón y su “guerra”, llega el Ejército mexicano a “combatir” el crimen organizado ante el fracaso de los cuerpos policíacos “especializados”. La violencia aumenta porque el Ejército realiza detenciones arbitrarias: "Realizan cateos a casas, hacen levantones y secuestran a la población sin que intermedien acusaciones específicas en su contra".
La organización de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) investiga y concluye: El gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército mexicano. Su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables, contribuye a crear un clima de abusos e impunidad.
Más aún: El gobierno de Felipe Calderón obstruye los intentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para someter a escrutinio su llamada guerra contra el narcotráfico; logró posponer la visita del relator especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y reservó por 12 años un reciente informe del organismo sobre la tortura en el país.
Así se muestra de cuerpo entero en Ciudad Juárez… ¿Qué esperamos que haga? ¿Y la ciudadanía, qué espera para obligar las soluciones?
Acceda usted a la increpación de doña Luz María Dávila a Felipe Calderón. De clic en la barra de videos.
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