Reynaldo Mota Molina
Con el pretendido carpetazo al caso Ayotzinapa por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a través del procurador general Jesús Murillo Karam y su verdad única, oficial e histórica –que no tiene mayor fundamento que su dicho–, lo único que logró es aumentar la desconfianza de la sociedad mexicana e internacional y exacerbar los ánimos de las víctimas como son los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y de las organizaciones de derechos humanos no alineadas.
El gobierno de Peña Nieto se encuentra en la
encrucijada del proceso electoral que está en marcha y sin duda presiente
resultados negativos para su partido, PRI, con lo que no le será nada fácil
maniobrar los fraudes electorales para lograr el carro completo que ahora
necesita más que nunca para transitar lo que falta del sexenio y obtener las
ganancias de las reformas estructurales, por más que haya rescindido la
participación del consorcio
encabezado por Scytl México, especialista internacional en fiscalización y
detección de todo tipo de comportamientos fraudulentos mediante sistemas
automatizados confiables. Ahora la fiscalización del proceso electoral estará
en manos del propio Instituto Nacional Electoral (INE), que será juez y parte,
y todo quedará en casa como siempre…
Ambos sucesos trascendentales se dan a unos días de la reunión privada de
Enrique Peña Nieto y Barack Obama en la Casa Blanca de Estados Unidos. En dicha
breve reunión, según fuentes confidenciales y confiables, cuando Obama abordó
los temas de derechos humanos, impunidad y corrupción, Peña Nieto no emitió una
sola palabra, sino únicamente se dedicó a tomar nota y a asentir con la cabeza…
lo que nos hace suponer que sólo recibió instrucciones.
Lastimosamente este es el presidente que nos regaló Televisa junto con los demás poderes fácticos y nos da
derecho a especular si dicha actitud tiene que ver con los sucesos arriba
mencionados porque, evidentemente, al gobierno de Estados Unidos le preocupa
grandemente que la reforma energética esté entrampada por las gravísimas
violaciones de los derechos humanos, no solamente del caso Ayotzinapa, sino de
todas los demás que son del dominio público acumuladas a las de los gobiernos
de Felipe Calderón y Vicente Fox, por sólo mencionar las del siglo XXI, por la gran
desconfianza que generan.
A Estados Unidos le urge, junto con los demás inversionistas, que la
reforma Energética camine para que
empiece a rendir frutos ¡ya!, puesto que el año próximo tendrá elecciones
presidenciales. Para esto y más necesita Peña Nieto asegurar el carro completo
en las elecciones de junio próximo. De ahí su desesperado mensaje de no
quedarnos atrapados en Ayotzinapa, sino superarlo y seguir adelante… ¡Así de
fácil!
Y para cubrirse las espaldas, que también tiene que ver con la
corrupción, nombra a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función
Pública —Secretaría mortecina que estaba en vías de desaparecer— para que
determine, entre otras cosas, si existe conflicto de interés en la adquisición
de la mansión llamada casa blanca de
la pareja presidencial, de la casa de descanso de Luis Videgaray, secretario de
Hacienda, en Malinalco, Estado de México, con contratos de compra-venta
especiales con el empresario inmobiliario preferido de Peña Nieto, Juan Armando
Hinojosa Cantú, propietario del Grupo Higa, y de otra casita de Peña Nieto en exclusivo club de golf de Ixtapan de la
Sal, Edomex, con otro empresario favorecido con contratos millonarios, Roberto
San Román Widerkehr.
Para empezar, Andrade se desmarca del conflicto de interés que le
implicaría investigar el conflicto de interés de sus jefes, amigos y compañeros
de partido y declara que él no puede investigarlos porque cuando adquirieron
los inmuebles estos no eran funcionarios federales, sino que se abocará a
revisar si los contratos en cuestión fueron realizados conforme a las normas
oficiales…
Esta es una nueva farsa de Peña Nieto, una burla a la inteligencia, y
una manera de ganar tiempo electoral con el consabido resultado de exoneración
de los involucrados.
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