jueves, 12 de febrero de 2015

CONFLICTOS DE INTERESES

Reynaldo Mota Molina

Con el pretendido carpetazo al caso Ayotzinapa por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a través del procurador general Jesús Murillo Karam y su verdad única, oficial e histórica –que no tiene mayor fundamento que su dicho–, lo único que logró es aumentar la desconfianza de la sociedad mexicana e internacional y exacerbar los ánimos de las víctimas como son los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y de las organizaciones de derechos humanos no alineadas.

El gobierno de Peña Nieto se encuentra en la encrucijada del proceso electoral que está en marcha y sin duda presiente resultados negativos para su partido, PRI, con lo que no le será nada fácil maniobrar los fraudes electorales para lograr el carro completo que ahora necesita más que nunca para transitar lo que falta del sexenio y obtener las ganancias de las reformas estructurales, por más que haya rescindido la participación del consorcio encabezado por Scytl México, especialista internacional en fiscalización y detección de todo tipo de comportamientos fraudulentos mediante sistemas automatizados confiables. Ahora la fiscalización del proceso electoral estará en manos del propio Instituto Nacional Electoral (INE), que será juez y parte, y todo quedará en casa como siempre…

Ambos sucesos trascendentales se dan a unos días de la reunión privada de Enrique Peña Nieto y Barack Obama en la Casa Blanca de Estados Unidos. En dicha breve reunión, según fuentes confidenciales y confiables, cuando Obama abordó los temas de derechos humanos, impunidad y corrupción, Peña Nieto no emitió una sola palabra, sino únicamente se dedicó a tomar nota y a asentir con la cabeza… lo que nos hace suponer que sólo recibió instrucciones.

Lastimosamente este es el presidente que nos regaló Televisa junto con los demás poderes fácticos y nos da derecho a especular si dicha actitud tiene que ver con los sucesos arriba mencionados porque, evidentemente, al gobierno de Estados Unidos le preocupa grandemente que la reforma energética esté entrampada por las gravísimas violaciones de los derechos humanos, no solamente del caso Ayotzinapa, sino de todas los demás que son del dominio público acumuladas a las de los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, por sólo mencionar las del siglo XXI, por la gran desconfianza que generan.

A Estados Unidos le urge, junto con los demás inversionistas, que la reforma Energética camine para que empiece a rendir frutos ¡ya!, puesto que el año próximo tendrá elecciones presidenciales. Para esto y más necesita Peña Nieto asegurar el carro completo en las elecciones de junio próximo. De ahí su desesperado mensaje de no quedarnos atrapados en Ayotzinapa, sino superarlo y seguir adelante… ¡Así de fácil!

Y para cubrirse las espaldas, que también tiene que ver con la corrupción, nombra a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública —Secretaría mortecina que estaba en vías de desaparecer— para que determine, entre otras cosas, si existe conflicto de interés en la adquisición de la mansión llamada casa blanca de la pareja presidencial, de la casa de descanso de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en Malinalco, Estado de México, con contratos de compra-venta especiales con el empresario inmobiliario preferido de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del Grupo Higa, y de otra casita de Peña Nieto en exclusivo club de golf de Ixtapan de la Sal, Edomex, con otro empresario favorecido con contratos millonarios, Roberto San Román Widerkehr.


Para empezar, Andrade se desmarca del conflicto de interés que le implicaría investigar el conflicto de interés de sus jefes, amigos y compañeros de partido y declara que él no puede investigarlos porque cuando adquirieron los inmuebles estos no eran funcionarios federales, sino que se abocará a revisar si los contratos en cuestión fueron realizados conforme a las normas oficiales… 

Esta es una nueva farsa de Peña Nieto, una burla a la inteligencia, y una manera de ganar tiempo electoral con el consabido resultado de exoneración de los involucrados.  

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