Reynaldo Mota Molina
En los últimos meses hemos insistido en diferentes
ángulos de dos temas fundamentales de la vida presente y futura del país: las
reformas constituciones sobre Telecomunicaciones y Energía porque son de tal dimensión
y trascendencia que afectan desde su misma base a todas las actividades
nacionales incluyendo la social, la económica, la política y la salud pública.
Insistimos, en este momento en que durante el cierre
de la edición, continúa en el Senado de la República la simulación de discusión
—el debate no existe— de leyes reglamentarias de la Reforma Energética que
sigue los pasos de la de Telecomunicaciones. Es decir, el gobierno federal
tiene todo listo y dispuesto con sus servidores del Congreso de la Unión para
que dichas leyes secundarias sean votadas a favor de la entrega del patrimonio
petrolero a manos privadas de extranjeros inversionistas y unos cuantos
nacionales, igual y mejor —para ellos, claro— que antes de la expropiación
petrolera de 1938.
Los legisladores no ven ni oyen —ni quieren hacerlo—
la avalancha de, ya no digamos inconformidades de ciudadanos de todo tipo, sino
advertencias puntuales de analistas y especialistas en materia energética,
ambientalistas, economistas, financieros, fiscalistas, derechos humanos y demás,
que alertan sobre el enorme riesgo que tales leyes encierran y ponen al Estado
mexicano en condiciones de debilidad ante la ambición de las petroleras
extranjeras, como ya se vivió durante la época porfirista.
El discurso de los corifeos del gobierno de Peña Nieto
tratan inútilmente de convencer a la opinión pública de los “beneficios” que,
según ellos, traerán por consecuencia dichas leyes: gasolina y gas más baratos,
generación de empleos, en fin; en el sector eléctrico: tarifas más baratas,
mejores servicios del suministro, etcétera, pero todo es una falacia porque
finalmente, las nuevas empresas impondrán los precios que les convengan después
de todo el proceso de localización, perforación, extracción y refinación, para
decirlo de la forma más simple, hasta el servicio de gasolina en el vehículo de
usted; el gas por el estilo, y la generación de empleos se dará, ciertamente,
en la obra de mano barata de operarios incluyendo la técnica calificada,
pero los altos puestos ejecutivos a nivel dirección jamás serán ocupados por
trabajadores mexicanos.
Los contratos de utilidad compartida que celebrará
Pemex con las petroleras privadas no establecen, por ejemplo, igualdad de
condiciones en puestos y salarios con trabajadores extranjeros, mucho menos
garantizan que cuando menos el cincuenta por ciento de las utilidades se queden
en México y el gobierno mexicano no tiene facultades para regular la reinversión
de utilidades, entre muchos otros defectos. Es un entreguismo absoluto.
La experiencia que se tiene con las mineras
extranjeras y nacionales en todo el país de nada sirve. Ahí están Pasta de
Conchos y Coahuila como muestras de utilidad económica cero y la generación de
empleos... o sea, explotación de los trabajadores.
La Ley de la Industria Eléctrica se desliza sobre
rieles para legalizar que empresas privadas generen energía y la comercialicen,
cosa que se realiza desde hace años, sin que haya mejora en la calidad de los
servicios ni tarifas baratas; otro engaño.
La pregunta es: Si Pemex enteró a Hacienda 342 mil 700
millones de pesos por pago de impuestos y derechos, solamente durante los
primeros cinco meses de este año 2014 siendo monopolio, que significó 67.3
por ciento de sus ingresos brutos, ¿cómo va a compensar Hacienda estos tremendos hoyos para el presupuesto federal, cuando las empresas privadas sean las dueñas
del petróleo…? ¡Aguas con el tsunami que viene!
Para ampliar imagen dar clic en ella.
