REACCIÓN CIUDADANA

Reynaldo Mota Molina

Es alentador ver la reacción ciudadana, aunque un tanto tardía y desarticulada, ante los excesos que el gobierno de Peña Nieto intenta imponer a través de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones traicionando las reformas constitucionales que en esta misma materia el propio Peña promulgó el año pasado con bombo y platillo; ambas iniciativas presentadas por él mismo. ¿Cómo se puede uno traicionar a sí mismo…?

Esta reacción de rechazo al abuso del poder y la convulsión interna que vive el PAN, indispensable para los propósitos de Peña Nieto de acuerdo al “Pacto por México”, de infeliz memoria, hicieron que el dictamen de dicha reforma, junto con la Energética, que son ejes principalísimos de la vida presente y futura del país por su extraordinaria trascendencia, se pospusieran hasta el mes de junio en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Esto que aparentemente suena bien porque supone mayor tiempo de análisis y debates profundos de los legisladores para dictaminar leyes reglamentarias acordes a las reformas constitucionales en vigor, a favor de la ciudadanía —que debería ser su enfoque único y central—, sabemos que no es así porque, desgraciadamente, sus intereses están al servicio de las cúpulas políticas y empresariales que son las que determinan que sí y que no es lo que queda establecido que beneficie su particular provecho.

En estas circunstancias es la sociedad civil —el ciudadano de a pie— la que puede y debe hacer valer los derechos que le otorga la Constitución, como en este caso se ha manifestado con gran fuerza a través de las redes sociales mayormente por jóvenes, casi el único medio eficaz de que dispone y de otros como la “cadena humana” que se llevó a cabo el sábado 26, aunque fuerzas del Estado Mayor no le hayan permitido llegar a la residencia presidencial de Los Pinos para manifestar su protesta.

Es mucho y muy grande lo que está en juego y por lo tanto, debemos, sí, DEBEMOS porque nos afecta directamente, estar muy al pendiente de lo que suceda en el proceso legislativo para manifestarnos por todos los medios posibles exigiendo el respeto a nuestros derechos democráticos.

Por lo pronto, el Congreso se abocará a sacar adelante con carácter de urgente el embrollo en el que está metido con la reforma Político-Electoral, dizque para quitar a los gobernadores la manipulación de los procesos electorales estatales —el periodo ordinario termina el 30 de abril por una parte, y por la otra, el proceso electoral 2015 inicia en octubre próximo—. Con ese fin se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), que coordinará los comicios estatales junto con los órganos electorales locales (o sea…) en substitución del Instituto Federal Electoral (IFE), y la rebatiña de los partidos políticos está a la orden del día, pero además, la Procuraduría General de la República (PGR) queda convertida en Fiscalía General con autonomía institucional a partir de 2018…

Dice el sabio dicho popular: “Piensa mal y acertarás…”. Dicha reforma contiene muchos ángulos agudos imposibles de dictaminar eficazmente en un tiempo tan corto y habiendo tantos intereses encontrados de por medio, por lo que tendrá que reglamentarse sobre las rodillas y después, pues ya veremos… así es la política mexicana.

Pero todo esto nos hace pensar que las doce reformas constitucionales aprobadas en 2013, de las que tanto se ufana Peña Nieto, tienen dos fines fundamentales: Atosigar a la opinión pública con tantos temas tan distintos y complejos y sin información confiable suficiente, que termine por aceptar lo que le impongan y, por otra parte, mediante el embrollo electoral, institucionalizar los fraudes que ya probó en 2012 para perpetuarse el PRI en el poder en todo el país. Para eso regresó…   

Para ampliar imagen dar clic sobre ella.

PROMESAS Y PRECIOS

Reynaldo Mota Molina

Habrá usted notado que la propaganda exhaustiva del gobierno de Enrique Peña Nieto anunciando la disminución de precios del gas doméstico, de la gasolina y de diversos productos de la canasta básica serían una consecuencia directa de la aprobación de las reformas energética, económica, financiera y de otras más que nos endilgó el año pasado, ha desaparecido por completo y, en cambio, dichos productos básicos para la población mexicana han aumentado sus precios. El Gas LP, por ejemplo, ahora cuesta alrededor de $ 265.40 un tanque de 20 kilos en la zona centro del país; los incrementos mensuales de la gasolina continúan puntualmente. Ahora se necesitan más de ocho salarios mínimos para llenar un tanque de 45 litros; la canasta básica aumentó 5.49 por ciento al mes de marzo pasado.

Esto demuestra nuevamente que las tan cacareadas promesas de Peña Nieto no fueron más que un embaucamiento para que se aprobaran las reformas constitucionales que le convienen a su gobierno; una vez logradas, se pueden ir a la porra los embaucados que al fin y al cabo son los que pagan.

El paquete de reformas constitucionales aprobadas al vapor por el Congreso el año pasado mueve los ejes de la vida del país, como ya lo hemos dicho, por las repercusiones profundas que contiene; qué más decir de la Energética llamada “la madre de todas las reformas” que se lleva de paso el patrimonio histórico, ideológico, físico y económico de los mexicanos para ponerlo a total disposición de los intereses privados nacionales y extranjeros.

La de Telecomunicaciones, que abriría la competencia en los servicios de radio, televisión, banda ancha y telefonía y las concesiones a dos nuevas televisoras, fue reculada por el propio Peña Nieto en su iniciativa de Leyes reglamentarias o secundarias al restablecer el presunto acuerdo de protección mutua Televisa-Peña Nieto y, peor aún, el control de la información que atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos como la libre expresión, el derecho a la información, el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la privacidad de las telecomunicaciones, la libertad de asociación, no promueve una competencia efectiva en los servicios de radiodifusión y deja intocado el duopolio de la televisión abierta, entre otras cosas igualmente importantes e invade las facultades que la Constitución otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo recién creado con suficiente autoridad y autonomía precisamente para evitar excesos de este tipo y de otros relacionados con las telecomunicaciones.

La Financiera modificó el servicio de los bancos en el país, supuestamente, para procurar mayor disponibilidad de préstamos y créditos de los usuarios. La realidad es que se establecieron medidas más rigurosas y ahora los bancos pueden disponer hasta del 30 por ciento de los ingresos nominales de los tarjetahabientes para recuperar sus créditos y los deudores hasta pueden ir a la cárcel.

La Educativa no significó en lo más mínimo la mejora de la calidad educativa en ninguno de sus niveles; se concretó a ser una ley laboral de los maestros que mediante la evaluación determinará su ingreso, permanencia y ascenso.

Las principales de estas reformas están en proceso hasta el día 30 de este mes en el Congreso mediante el establecimiento de las Leyes reglamentarias o secundarias que requerirían análisis y debates profundos incluyendo la participación de la sociedad civil para que verdaderamente repercutieran en beneficio común, pero esto no sucede en México… y esperamos que el Congreso, agobiado además con lo relativo a la reforma político-electoral y el IFAI no termine por doblegarse a los intereses de los poderes fácticos que $e mueven tra$ bambalina$.

Para ampliar imagen dar clic en ella. 

¡NO PODÍA SER VERDAD TANTA BELLEZA…!

Reynaldo Mota Molina

El propio Enrique Peña Nieto se ha encargado de dar un mentís rotundo a la reforma que en materia de telecomunicaciones él mismo promulgó a mediados del año pasado con gran bombo y platillo y ha vuelto a quedar postrado ante los intereses todopoderosos de Televisa, lo cual de por sí es muy grave, pero todavía más, el refrendo a la manipulación mediática absoluta que tanto daño ha ocasionado al país en el ámbito de la telecomunicación, la política, la educación, la economía y la democracia, entre otras muchas cosas, socavando la soberanía del Estado.

Como se temía, muchos aspectos de las iniciativas de las Leyes reglamentarias o secundarias presentadas apenas hace unos días por Peña Nieto contradicen lo establecido en la nueva Ley de Telecomunicaciones consagrada ya en la Constitución Política mexicana y peor aún, tratan de regresar a la Secretaría de Gobernación la facultad de censurar contenidos de radio y televisión y controlar la comunicación y las nuevas concesiones y prórrogas, que son responsabilidad exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el supuesto organismo autónomo recién creado.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo al Senado de la República dice, por ejemplo, en un sentido presumiblemente sesgado, que la Secretaría de Gobernación sería la encargada de vigilar que los contenidos de radio y televisión sean educativos, culturales y cívicos, además de la revisión de los espacios noticiosos y de contenidos diversos, para que se difunda información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional; igualito a lo que establecía el decreto-ley de la dictadura militar de Argentina en 1980 que decía: la información debe ser “veraz, objetiva y oportuna” cuando en dicho país “se mataba, se censuraba y se desaparecía”, según el testimonio del autor intelectual de la nueva Ley de Medios Audiovisuales de Argentina, Gabriel Mariotto, actual vicegobernador de Buenos Aires. El “parecido” de ambos casos es altamente preocupante. ¿Qué tanto más esconden las tales leyes secundarias que más bien parecen ser una contra-reforma…?

Esto nos lleva a retomar lo que mencionamos en nuestra entrega anterior “Más Pobres y Más Ricos” respecto al informe de Oxfam “Gobernar para la Élites” que menciona, entre muchos otros análisis: “De qué manera las leyes que regulan las economías nacionales se subordinan a los intereses de la élites? Se trata de un problema inherente a la naturaleza de la política> ... <La influencia de los grupos acaudalados da lugar a los desequilibrios en los derechos y la representación política. Como resultado, esos  grupos poderosos secuestran la toma de decisiones de las funciones legislativas y regulatorias> ... <La  concentración de la riqueza en manos de las élites da lugar a una influencia política indebida que, en último término, arrebata a los ciudadanos los ingresos procedentes de los recursos naturales, genera políticas fiscales injustas, fomenta las prácticas corruptas y desafía el poder normativo de los gobiernos. El conjunto de estas consecuencias empeora la rendición de cuentas y la inclusión social>.

La instauración de las leyes secundarias está en proceso en este momento y supone el debate y análisis profundo y responsable del Congreso de la Unión a favor del pueblo mexicano cuyo dictamen deberá ser el próximo 30 de abril. Está en juego, pues, el presente y el futuro de nuestro país en materia de telecomunicaciones y de los muchos asuntos que implica, que son trascendentales para la vida nacional de ésta y de las nuevas generaciones y por lo tanto, es indispensable tomar conciencia de su importancia y participar activamente la ciudadanía para no permitir que avance el daño que se pretende.

Para ampliar imagen dar clic en ella.