domingo, 31 de octubre de 2010

“VICTIMIZACIÓN DE CIVILES”

Reynaldo Mota Molina

El inminente contubernio “por la discreción” que formalizarán la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y el gobierno de Felipe Calderón seguramente trata de ocultar, entre otras cosas, la “victimización de civiles”, como empieza a identificarse en Estados Unidos, al creciente número de civiles muertos en la mal dada guerra de Calderón contra el narcotráfico con resultados absolutamente contraproducentes. Las recientes cinco masacres en menos de una semana que incluyen trabajadores y obreras de maquiladoras en Ciudad Juárez, los granadazos en pleno centro de Zapopan, Jalisco, los muertos en Tepito, Distrito Federal, sin considerar la emboscada a policías federales también en Jalisco, así lo evidencian. El número de muertos en esta guerra estúpida alcanza ya la cifra de 30 mil, si no es que más…

Naturalmente Calderón insiste en minimizar la muerte de civiles argumentando, sin ningún sustento, que la mayoría de dichos muertos son criminales y fuerzas del orden, sin embargo, la percepción generalizada fuera del país y la tendencia de los observadores internacionales lo desmienten; por ejemplo, la Cruz Roja Internacional asegura que se invirtió la relación entre muertes de civiles y soldados en guerras irregulares como ésta. En la Primera Guerra Mundial moría 1 civil por cada 9 soldados; hoy mueren 10 civiles por cada soldado, y el gobierno de Felipe Calderón lo que hace es tratar de diluir esta realidad.

En Tratados internacionales como la Convención de Ginebra, de los que México es parte por haberlos suscrito, en los Protocolos de Instrumentos Adicionales se destaca la responsabilidad del gobierno de garantizar protección a la población civil en conflictos armados, como es el caso que estamos viviendo en nuestro país y, sin embargo, ni gobierno, ni congreso, ni legislador alguno, hacen ni dicen nada, para imponer límites a la manera de conducir el conflicto, contribuir a salvaguardar a las personas atrapadas y dar un giro, un golpe de timón, que lleve verdaderamente a atacar frontalmente al crimen organizado con menos víctimas inocentes.

Se trata —insistimos, uniéndonos a la voz de los especialistas— de cerrar el flujo de lavado de dinero, de intervenir las empresas pantalla en donde los diversos cárteles manejan su patrimonio económico y financiero. El gobierno calderonista tiene el detalle de todas ellas, sabe cuáles son y en dónde están, a quiénes pertenecen y cuánto manejan, pero la gran corrupción que lo domina lo tiene maniatado y, sin embargo, es por donde debe empezar; realizar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para tal efecto y poder actuar, pero ante todo, tener voluntad…

¿Qué espera Felipe Calderón? ¿Que la violencia aumente aún más como sucedió en Colombia, en Rusia, en Italia y en otros países? ¿Que el crimen organizado masacre a media Corte de Justicia como sucedió en Colombia o a demoler edificios con coches bomba con la mitad de la clase empresarial adentro? ¿O misiles dirigidos a aviones con políticos o empresarios del más alto nivel? Este tipo de violencia tiene su evolución como una enfermedad social; el doctor Edgardo Buscaglia, de quien hablamos con frecuencia en este espacio, lo ha dicho desde el 2007 y las cosas van sucediendo como lo pronosticó desde entonces, si el gobierno no hacía lo necesario para evitarlo, y no lo ha hecho.

El gobierno de Felipe Calderón no tiene, ni ha tenido la visión, ni la valentía, ni la honestidad para afrontar debidamente el problema del crimen organizado y es la población civil que, siendo ajena a la estúpida guerra, es quien paga las consecuencias mientras el mapa de la narcoinsurgencia se extiende impunemente en el país y la victimización de los civiles aumenta.

¿Qué sigue…?
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SON RAIZ


CITLALTEPEC, VERACRUZ

12, 13 Y 14 de noviembre, 2010.



SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE

INTÉRPRETES Y PROMOTORES DE LA

MUSICA TRADICIONAL MEXICANA


¡NO FALTES!

martes, 26 de octubre de 2010

"ACUERDO POR LA DISCRECIÓN"

Reynaldo Mota Molina

Con el fin de acallar el estruendoso fracaso de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, en consecuencia, del crimen organizado, en vísperas electorales se cocina un acuerdo entre los empresarios de radio y televisión antes de que concluya el año: “un acuerdo por la discreción que guíe nuestra labor informativa, un compromiso por los medios electrónicos de comunicación para recuperar la estabilidad y el orden” según manifestó Karen Sánchez Abott, presidenta de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ante Calderón, durante la clausura de la 52 Semana Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Por su parte, Felipe Calderón dijo que corresponde a los propios medios cuestionarse y definir el rol que pueden jugar en el desafío que representa la violencia, con políticas, objetivos y criterios orientados a la consecución de la paz, y arremetió contra quienes cultivan sistemáticamente —dijo— el desaliento entre los mexicanos. ¡Ahora resulta…!

Haciendo eco, la Secretaría de Gobernación manifestó su beneplácito por este impulso y enfatizó: “Debe ser un esfuerzo por informar con veracidad, mesura y objetividad los hechos relacionados a las confrontaciones entre organizaciones criminales y de éstas con las instituciones del Estado”.

De dos entes que están confabulados desde siempre para manipular la información “veraz, oportuna y transparente” sólo puede interpretarse esto como una medida más para acallar las voces, nunca suficientes, de los periodistas y analistas que expresan más o menos libremente lo que verdaderamente acontece en el país no solamente en el terreno de la inseguridad y la violencia, sino en el político, el económico, el legislativo, el de justicia, el social, en suma, el entorno completo en el que viven 110 millones de mexicanos.

Tal acuerdo empujado desde la CIRT tiene un tufo de censura auspiciado por el gobierno calderonista para nuevamente tratar de tapar el sol con un dedo y de este modo “contribuir a recuperar la estabilidad y el orden en el país”.

O sea que ¿“callando”, por ejemplo, la nueva masacre de Ciudad Juárez con 12 muertos y más de 10 heridos a manos de encapuchados con uniformes oscuros y con armas largas, que irrumpieron en una celebración y dispararon contra los asistentes de manera indiscriminada; la nueva matanza de trece internos en un Centro de Rehabilitación de Tijuana, Baja California, a manos de un comando armado, más las otras dos masacres en lo que va de este año, y con una violencia de más de 7 mil muertes tan sólo en Ciudad Juárez en 2010 según la Procuraduría Federal de la República (PGR), se acaba el problema?
¿Dónde andan los tontos inútiles…?
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martes, 19 de octubre de 2010

REFERENCIA OBLIGADA

Reynaldo Mota Molina

El salvamento de los 33 mineros chilenos del yacimiento San José en Atacama, república de Chile, es referencia obligada con lo sucedido en la minera México de Pasta de Conchos, Coahuila, por más que algunos corifeos del gobierno de Felipe Calderón se desgañiten en asegurar que son situaciones incomparables: Que si aquella es una mina de materiales sólidos como el cobre y ésta de materias frágiles como el carbón, rodeado de elementos gaseosos; que si aquel fue un derrumbe y ésta una explosión; que si en fin, todas las evasivas posibles con tal zafarse la responsabilidad del rescate de 63 vidas humanas.

La cuestión está en la ACTITUD humana, política y empresarial. En Chile, como ya es sabido, la actitud del presidente Sebastián Piñera fue determinante: “Sálvenlos al costo que sea”, fue la orden contundente y todo giró en torno a ese eje. Así se diseñó la estrategia, la ingeniería y todo lo concerniente para preservar la vida, en primer lugar, de los mineros atrapados a casi 700 metros de la superficie y mantenerlos así durante los más de dos meses que se preveían para el rescate a partir del 5 de agosto en que ocurrió el derrumbe.

A esta actitud humana se unió la política, la empresarial y la social en una respuesta nacional solidaria que mantuvo la fe, la esperanza y la confianza en autoridades, técnicos y empresarios hasta que salió el último hombre sano y salvo. ¿El costo?, el costo fue de 20 millones de dólares que serán ampliamente recuperados por el impacto mundial del rescate en divisas, comercialización del mineral, prestigio político y empresarial, etcétera, como ya empezó a verse.

En México, el reverso de la medalla, ¡qué vergüenza! A los dos días de ocurrido el desastre en febrero de 2006 a 150 metros de profundidad, el entonces secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar, hoy diputado federal del PAN, consultó con el presidente en ese momento, Vicente Fox, y determinó con su anuencia —así lo dice—, que los 63 mineros estaban muertos a causa de la explosión y no se podía hacer nada ni siquiera para recuperar los cadáveres porque éstos habían desaparecido —sin embargo, dos cadáveres se recuperaron sin quemaduras y con signos de muerte por asfixia—. Asegura que Fox le dijo: inventa algo; mete a la cárcel a algunos inocentes para distraer la atención pública…

Esta es una actitud criminal desde el presidente, que desató una ola de encubrimientos, complicidades e impunidad entre autoridades, empresarios y políticos envueltos en una red de corrupción, que para acallar el reclamo de los familiares de los mineros muertos de rescatar por lo menos sus restos para darles cristiana sepultura, terminaron por sellar la mina y enredar y confrontar al sindicato minero, quedando todo en la sospecha, la desconfianza y la indignación.

Mientras tanto los responsables, empresarios y autoridades, todos, siguen impunes cobijados bajo el ala protectora del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

¡Qué poca… vergüenza!
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domingo, 10 de octubre de 2010

“MANOS LIMPIAS”

Reynaldo Mota Molina

Retomamos el tema de NARCOINSURGENCIA debido a la reacción del gobierno de Felipe Calderón al grito de tregua de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, emitido en su editorial del 19 de septiembre pasado.

Como es sabido Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, adoptó una posición arrogante y estúpida al cuestionar a El Diario por dicha editorial: “No cabe, en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”…“la única autoridad que debe reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales”. No conforme, sin elementos confirmados por autoridad alguna aseguró que el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco se debió a motivos personales…, en un claro intento por desviar la atención de la ineficacia e indolencia del gobierno para otorgar seguridad a periodistas, reporteros y comunicólogos para desarrollar libremente la actividad informativa.

Además, lo de “autoridad legítimamente constituida por emanar de los procesos electorales”, está todavía por verse. ¿No lo sabe o se hace…?

Decíamos que hay otros que también negocian, por ejemplo, la liberación de Héctor Gordoa, jefe de información del programa Punto de Partida de Televisa que conduce Denise Maerker —que junto con otros dos periodistas (Televisa y Multimedios) fueron secuestrados por el crimen organizado en julio pasado— quien informó que “la actuación de la Policía Federal fue determinante para que los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio recobraran su libertad sanos y salvos”, o sea, el propio gobierno federal.

El caso de Diego Fernández de Cevallos, secuestrado en mayo pasado, es otra evidencia de las negociaciones con el crimen organizado, en esta ocasión a través de la propia familia del secuestrado pero con el acatamiento de las autoridades gubernamentales.

Y así, empresarios, comerciantes, medios de comunicación, transportistas, políticos, etcétera, pagan cuotas al crimen organizado para continuar desarrollando sus actividades; entonces, ¿por qué tanta alharaca hipócrita del gobierno de las "manos limpias"?

No es que estemos conformes ni resignados con esta situación pero, en lugar de rebuznar, ¿por qué no se ponen a implementar VERDADERAMENTE los procesos para abatir la corrupción del gobierno calderonista y cerrar, de una vez por todas, el flujo del lavado dinero de los narcos? Él sabe dónde está.

¡¡DOS DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!!
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lunes, 4 de octubre de 2010

NARCOINSURGENCIA

Reynaldo Mota Molina

Todo el mundo lo sabe menos Felipe Calderón, y es el sabio dicho popular, “no se puede tapar el sol con un dedo”. Aquel berrinche por los señalamientos de Hillary Clinton, la jefa del Departamento de Estado norteamericano, en el sentido de que la violencia en México alcanza "una red bien organizada, la amenaza del narcotráfico, que en algunos casos se transforma en, o asocia con lo que consideramos como insurgencia en México y Centroamérica", y que “lo que pasa en suelo mexicano se parece a la Colombia de los ochenta”, son ratificados por diversas instancias del gobierno estadounidense incluyendo el Senado, la Secretaría de Seguridad Nacional y el FBI —que algo saben de estas cosas— que por la violencia cotidiana en su frontera sur parece ser que por fin, están encendiendo las luces de alerta y parecen decididos a combatir en serio el tráfico de armas de fuego.

Y es que el concepto de narcoinsurgencia o insurgencia criminal, como ellos le llaman, es cada vez más evidente. Hasta hace un par de años nadie esperaba que la insurrección pudiera gestarse en un ámbito distinto al social, generalmente las clases media y popular, en donde hacen mella directamente los efectos del mal gobierno. Así sucedió en 1810; así sucedió en 1910.

Debido a la “guerra” declarada por Felipe Calderón Hinojosa al narcotráfico en forma improvisada y sin estrategia desde que asumió el poder, poniendo al frente al Ejército, a la Armada y a las Fuerzas de Seguridad, sin coordinación alguna ni objetivos precisos, los cárteles de la droga han reaccionado en forma beligerante y sanguinaria mediante una orgía de violencia inaudita tomando a la sociedad como rehén en prácticamente todo el territorio nacional y han sentado sus reales en diversos municipios y poblaciones de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y otros estados de la República mexicana, desplazando a las autoridades municipales, sobre todo en los estados fronterizos, en donde éstas han preferido huir a enfrentar la violencia y poder de los narcoinsurgentes, así llamados, puesto que se trata de un franco levantamiento y desafío en contra de las autoridades municipales, estatales y federales.

La brutal disputa por la predominancia de los distintos cárteles en los municipios y estados más estratégicos ha sido atizada por el sesgo a favor del cártel de Sinaloa que comanda Joaquín El Chapo Guzmán, del que el gobierno de Felipe Calderón ha sido constantemente acusado por los mismos narcotraficantes.

La ingobernabilidad es una situación real en varios municipios y poblaciones como Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde empresarios, comerciantes y hasta medios de comunicación, como El Diario local, han tenido qué negociar con el crimen organizado para subsistir. El 19 de septiembre dicho diario publicó un patético editorial después del asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco: “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez”…“qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”…“Ustedes son en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se lo hemos exigido”…“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.

La posición de El Diario puede ser cuestionable, pero es un reflejo crudo de la realidad que vive México. Además, El Diario no es el único que ha pretendido negociar con los criminales; otros también lo hacen…

¡¡DOS DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!!
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